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Nacional

Doctrina Parot

Los violadores excarcelados son sometidos a control policial

Se trata de "seguimientos no invasivos" en los que se compatibiliza la labor preventiva con el respeto a los derechos individuales de estos expresos.

Los violadores excarcelados por el fin de la 'doctrina Parot' son sometidos a ciertos controles policiales ante la alarma social que ha generado su puesta en libertad, según han informado fuentes de la investigación.

Se trata de "seguimientos no invasivos", según las fuentes, en los que se compatibiliza la labor preventiva de las Fuerzas de Seguridad del Estado con el respeto a los derechos individuales de estos expresos, quienes ya han cumplido condena y gozan de todas las garantías civiles como el resto de los ciudadanos.

Aunque desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado no se ofrecen detalles de estos dispositivos de vigilancia, sus máximos responsables ya han ofrecido en público algunas pistas sobre el control preventivo de algunos de los presos excarcelados por la Parot sobre los que se tiene más cautela ante la posibilidad de que vuelvan a delinquir.

En el punto de mira están, sobre todo, los excarcelados por delitos sexuales, ya que en muchos casos este tipo de condenados no logra rehabilitarse durante su estancia en prisión y la posibilidad de reincidencia es relativamente alta.

Los controles policiales a los violadores de la 'doctrina Parot' no consisten necesariamente en seguimientos durante todo el día, sino que más bien son controles preventivos en su lugares de residencia para detectar si existe peligro de que puedan volver a actuar.

El pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que su departamento establecería, en colaboración con la Fiscalía, las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana tras las excarcelaciones de presos terroristas, violadores y asesinos tras anularse la 'doctrina Parot' que los mantenía en las cárceles.

"Estamos coordinados con la Fiscalía para establecer las medidas en el marco de la ley necesarias para garantizar la seguridad de la gente", afirmó el ministro, en alusión a unos protocolos internos vigentes desde hace mucho tiempo.

Aunque no se conocen sus contenidos exactos, y se aplican desde hace años, estos protocolos establecen un papel activo a las Fuerzas de Seguridad del Estado en su función de prevención del delito, mientras que deja a la Fiscalía un papel más pasivo en relación a la represión de las conductas criminales.

Es decir, según las fuentes consultadas, la Policía y la Guardia Civil se encargan de establecer los sistemas de vigilancia para la prevención de los excarcelados y si detecta alguna conducta sospechosa lo ponen en conocimiento de la Fiscalía respectiva.

La vigilancia o control preventivo de presos que han cumplido su condena, como en este caso, afecta a sus derechos constitucionales y por ese motivo se articula de forma que no se vean afectados.

Sobre este asunto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado estos días que dentro de las competencias policiales se está llevando a cabo una labor de prevención general que de ningún modo puede suponer una "conculcación de derechos individuales, de la más estricta libertad ambulatoria y del más estricto respeto a la presunción de inocencia".

En este contexto, el fiscal jefe de Barcelona ha garantizado al abogado de "el loco del chándal" que la vigilancia a la que está siendo sometido su cliente se ajusta a la legalidad y, además, le puede servir para protegerle frente a posibles reacciones por su excarcelación.

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