El subsecretario general del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Michael O'Boyle, ha asegurado que, "teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones que han sido detectadas" en el caso de la etarra Inés del Río, a la que se aplicó retroactivamente la 'doctrina Parot', el Gobierno español "debería liberarla inmediatamente". 

"La única responsabilidad para el Estado es liberarla y por eso el Tribunal efectivamente lo ordena", señala O'Boyle en unas declaraciones difundidas por el Tribunal de Estrasburgo en las que apunta que aunque la Corte "no tiene realmente que indicar" las consecuencias de la sentencia, lo hace porque en este caso la 'doctrina Parot' era la que justificaba su permanencia en prisión.

En este sentido, el subsecretario general del Tribunal insta a las autoridades españolas a leer esta sentencia y los fundamentos jurídicos esgrimidos en su resolución de forma "realmente cuidadosa" y "estudiar qué pueden hacer al respecto y qué casos pueden ser similares o distintos".

Tras apuntar que hay 30 casos de "una naturaleza similar" sobre presos etarras que han solicitado la revisión de la 'doctrina Parot', que establece que los beneficios penitenciarios han de aplicarse al total de penas impuestas y no al límite máximo de 30 años de cumplimiento, O'Boyle señal que "no corresponde al tribunal hacer ninguna estimación sobre asuntos que no conoce". "El Tribunal debería examinar cada uno de estos casos a la luz de sus hechos concretos", concluye.