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Nacional

Terrorismo de ETA

Comienza el juicio sobre la financiación de ETA con las 'herriko tabernas'

Este juicio, que podría alargarse hasta febrero, sentará en el banquillo a 36 acusados por un delito de pertenencia a banda armada.

Este jueves comienza en la Audiencia Nacional el juicio sobre la supuesta financiación de ETA a través de las "herriko tabernas", once años después de que el juez Baltasar Garzón empezara a instruir el sumario y tras la exclusión de este proceso del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por estar ya condenado por el caso 'Bateragune'.

En el juicio, que está previsto se prolongue hasta febrero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, se sentarán en el banquillo 36 acusados por un delito de pertenencia a banda armada.

Entre ellos destacan los exdirigentes de Batasuna Joseba Permach (actual dirigente de la coalición EH-Bildu, que previsiblemente declara mañana) y Rufino Etxeberria, para los que la Fiscalía pide doce años de cárcel, los mismos que había solicitado, antes de excluirlos de este proceso, para Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia y Josu Imanol Cortázar Pipaón.

El fiscal Vicente González Mota solicita diez años de cárcel para otros veinte miembros de la formación ilegalizada por un delito de integración en ETA, mientras que para los imputados restantes reclama ocho años de prisión por colaboración.

El juez Baltasar Garzón abrió este sumario en 2002, en 2008 lo concluyó y, en 2010, la Fiscalía remitió a la sección segunda de la Audiencia Nacional, a la que corresponde juzgar estos hechos, el escrito de acusación contra los exdirigentes de Batasuna.

Pese a que eran 43 los procesados dentro de esta causa, el fiscal, tras excluir a cuatro de ellos, acusa ya solo a 36, ya que Jon Idígoras murió en 2005; Juan Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, permanece huido y Jon Salaberria está preso en Francia desde mayo de 2008.

El patrimonio de las "herriko tabernas", a través de las cuales, presuntamente, se financiaba la banda terrorista ETA mediante la subordinación de Batasuna, superaba los 12 millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos 15 millones, según la Fiscalía.

Para evitar riesgos patrimoniales la propiedad de los inmuebles y las cuentas corrientes de las "herriko tabernas" eran titularizadas por las respectivas asociaciones culturales, aparentando que la actividad económica estaba desvinculada de la actividad política y logística a favor de ETA", indica el escrito de acusación.

Con ello, recalca el fiscal, se conseguía separar totalmente las actividades de los locales para evitar problemas de ilegalización política y posibles embargos judiciales.

Asimismo, estos establecimientos eran utilizados como fuente de financiación al servicio de ETA, que los consideraba como un "lugar idóneo" para la actividad orgánica de las organizaciones de su entorno "para el reclutamiento de nuevos terroristas", el depósito temporal de armas y explosivos y la captación de información sobre posibles objetivos.

El núcleo director de las "herriko tabernas" estaba compuesto, según la Fiscalía, por los acusados Juan Ignacio Lizaso (coordinador en Guipúzcoa), Juan Francisco Martínez Betanzos (en Vizcaya), Jaione Intxaurraga (en Álvava), Joseba Imanol Cortazar (en Navarra), Jon Gorrotxategi, Patxi Jagoba Bengoa e Idoia Arbelaiz.

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