La 'macrocausa' por el fraude de los ERE irregulares en Andalucía se acerca a los doscientos acusados después de casi tres años de investigación en los que incluso se ha abierto procedimiento sobre los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros de la Junta.

La cifra se eleva a 179 acusados, después de que la juez instructora del caso notificara esta semana la imputación de otras diez personas, cuando todavía se estaba tomando declaración a los últimos detenidos por la Guardia Civil por la segunda fase de la 'Operación Heracles'.

En esa nueva fase de Heracles, la Guardia Civil imputó a otras 45 personas, entre las que se encuentran varios sindicalistas, por su presunta participación en torno al cobro de sobrecomisiones, aunque los siete detenidos quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante la juez.

Alaya mantenía ya a 116 personas imputadas y además dictó el pasado 10 de septiembre un auto por el que abría el procedimiento para la imputación contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros de la Junta.

La jueza decidió "comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", a estas personas, por su presunta colaboración para un "uso ilícito de fondos públicos".

Además de Chaves y Griñán, se abría procedimiento de imputación para los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

La cifra casi se ha duplicado desde julio, cuando el fraude en el otorgamiento de ayudas sociolaborales acumulaba 93 imputados, de los que 25 eran altos o ex altos cargos de la Junta.

La jueza imputó en un mismo auto a veinte altos o ex altos cargos del Gobierno regional, entre ellos la exministra y exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ya que pretendía dar un "salto cualitativo" en una investigación para centrarla en responsables políticos.

Álvarez, que ha declarado esta semana ante la jueza, dijo que no conoció los reparos de la Intervención de la Junta a cómo se estaban dando las ayudas y que el Gobierno andaluz "nunca" planteó dotar al sistema de más agilidad.

Entre los imputados en esta trama hay otro exconsejero, Antonio Fernández (Empleo), quien incluso ingresó en prisión en 2012 pero salió tras abonar una fianza de 450.000 euros.

Además, también está imputado el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, y cinco exviceconsejeros: Agustín Barberá y Justo Mañas, de Empleo; José Salgueiro, de Economía y Hacienda; y Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez, de Innovación.

En la causa se encuentran inmersos empresarios de las mediadoras implicadas, Vitalia y Uniter, 'conseguidores', 'intrusos', abogados y sindicalistas.

Hasta el momento han sido once personas las que han ingresado en prisión, aunque sólo tres permanecen en la cárcel: el 'conseguidor' y sindicalista Juan Lanzas y los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.

El principal imputado por la causa es Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo durante nueve años, quien ha entrado y salido de prisión en dos ocasiones por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

A Guerrero se le considera el principal responsable de repartir las ayudas de forma "arbitraria", de incluir a numerosos "intrusos" en los ERE y de beneficiarse de las comisiones elevadas que se pactaban con las consultoras Vitalia y Uniter.

Lanzas, supuesto 'conseguidor' de las ayudas al mediar entre los sindicatos y la Junta, continúa en prisión, mientras que Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero durante nueve años, que confesó que gran parte del dinero lo gastaban en cocaína, fiestas y copas, estuvo en la cárcel entre marzo y octubre del pasado año.