Gibraltar podría llevar la disputa fronteriza con España al Tribunal de Estrasburgo

La preocupación expresada por España acerca del último conflicto con Gibraltar y las medidas anunciadas para hacer frente a la "política de hechos consumados" ha sido respondida este martes por el Gobierno del Peñón, que podría llevar su disputa fronteriza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, prepara una batería de medidas con el objetivo de asegurar el pleno respeto de la legalidad vigente y defender los intereses de los españoles, particularmente de la población del Campo de Gibraltar, según han explicado este martes fuentes del Ministerio de Exteriores.

Este martes el tránsito de vehículos en la frontera de Gibraltar se ha desarrollado con normalidad y sin que se hayan registrado retenciones importantes.

Mientras, en Madrid el secretario de Estado de Exteriores, Gonzalo de Benito, se ha reunido con el embajador del Reino Unido en España, Gilles Paxman, a quien le ha trasladado que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue estudiando una serie de medidas frente a la "política de hechos consumados" del Peñón y le ha insistido en que los controles en la verja son legales y proporcionados, según las mismas fuentes. No obstante, el número dos de Exteriores le ha dicho al embajador que España siempre está abierta al diálogo.

El PSOE rechaza la tasa de entrada y salida

En España el debate político lo ha protagonizado el PSOE, que ha instado al Gobierno a dialogar con Londres sobre Gibraltar y, aunque ha apuntado que siempre defenderá los intereses del país respecto al Peñón, ha reclamado evitar "aspavientos".

La exministra de Asuntos Exteriores y diputada del PSOE Trinidad Jiménez ha calificado de "gran torpeza diplomática" la gestión del Gobierno sobre este conflicto y la "escalada verbal con Londres", pero ha insistido en que los socialistas siempre apoyarán al PP cuando se trata de defender la soberanía de Gibraltar.

Jiménez ha lamentado que el Gobierno no haya consultado con el PSOE ninguna de esas medidas, en concreto una tasa de congestión de 50 euros de entrada y de salida para los coches que crucen la verja, una de las propuestas que mas suspicacias ha creado en el Peñón.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha dicho este martes que esa tasa sería una medida "absolutamente ridícula" e impensable en una "Europa moderna".

La postura del PSOE ha sido respondida por el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha acusado al partido de la oposición de tener una "actitud lamentable" ante la "agresión" del Gobierno de Gibraltar ya que, a su juicio, los socialistas "se han puesto del lado de los agresores en vez de ponerse del lado de España".

Desde IU, su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, ha pedido que no se use a los trabajadores españoles en Gibraltar como método de "presión" contra el Ejecutivo del Peñón.

Los últimos atascos de consideración en la verja se produjeron el pasado sábado, un día después de que el Reino Unido convocara al embajador español para manifestarle su "preocupación" por estas retenciones, que atribuye a los controles policiales españoles.

Aunque la normalidad ha imperado en la verja, sí se ha producido un incidente al resultar herido leve un agente de la Guardia Civil en el puesto de control fronterizo al ser arrollado por un vehículo con matrícula gibraltareña que llevaba cinco cajas de tabaco de contrabando.

Desde Gibraltar y en una entrevista en el diario británico "The Guardian", el ministro principal adjunto del Peñón, Joseph García, señala que están preparando un informe sobre el empeoramiento de la disputa con España por si es preciso tomar acciones legales.

"Estamos recogiendo pruebas estadísticas y situaciones concretas sobre la operación en la frontera y ahora estamos intensificando esos registros", ha señalado García.

Según ha explicado, esos informes podrían ser presentados contra España en cortes europeas como el Tribunal de Estrasburgo, sobre la base de que se han violado derechos ciudadanos.

Mientras, la Comisión Europea ha recibido ya la queja formal del Gobierno del Peñón por las largas filas en la frontera a causa de los controles impuestos por España, días después del vertido de 70 bloques de hormigón en las aguas que rodean la colonia británica por parte de las autoridades gibraltareñas.