Caso Gürtel

Ruz imputa por blanqueo a la mujer del exconsejero madrileño López Viejo

La juez del caso Gürtel ha citado a declarar a varios imputados vinculados al grupo de sociedades creadas por Correa para obtener adjudicaciones gracias a la influencia de cargos públicos.

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha imputado un delito de blanqueo de capitales a Teresa Gabarra, esposa del exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, en relación con una cuenta que abrió su marido en Suiza y en la que ella figuraba como apoderada general.


Ruz ha citado a Gabarra para interrogarla sobre este asunto el próximo 16 de septiembre, el mismo día en que también ha llamado a declarar al exdiputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco; al exalcalde de Arganda del Rey, Ginés López; al presidente de Martinsa, Fernando Martín Álvarez, y al presunto blanqueador de Gürtel Ramón Blanco Balín.


En un auto notificado este viernes, Ruz decide la imputación de Gabarra tras conocer que, el 31 de mayo de 2002, López Viejo abrió una cuenta en la sucursal del banco Mirabaud & Cie de Ginebra, en la que su esposa figuraba como apoderada general.


Esa condición le otorgaba a Gabarra, según el juez, "facultades para todas las transacciones relativas a esa cuenta, incluidas las de comprar y vender sus activos, retirar los fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y valores".


Dicha cuenta, añade el auto, se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 por un importe total de 495.450 francos suizos, 42.393,75 libras esterlinas y 46.784,63 euros.


Concesionaria de limpieza

En esas fechas, destaca el juez, López Viejo ocupaba el cargo de concejal de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid cuando se adjudicó a la sociedad Sufi el contrato de "gestión del servicio público de limpieza viaria" en Moratalaz, "adjudicación respecto de la que se investiga el posible pago de comisiones" al imputado, precisa Ruz.


Sufi es una empresa propiedad de Sacyr Vallehermoso, a la que, supuestamente, a cambio de una comisión de 200.000 euros, se adjudicó una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo cuando la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, era la presidenta del partido en Castilla-La Mancha, según declaró el extesorero del PP Luis Bárcenas ante el juez Ruz el pasado 15 de julio.


Los fondos depositados en la cuenta suiza, prosigue el auto, se invirtieron en distintos valores y se retiraron, el 22 de enero de 2008, 503.670 francos suizos para, según la documentación del banco, "cancelar una hipoteca en España", ya que "el cliente había avisado su intención de repatriar una parte de sus fondos de un modo discreto".


Blanqueo de dinero

Añade que posteriormente, en febrero de 2008, el matrimonio realizó operaciones de compra y venta de inmuebles y obtención y cancelación de préstamos hipotecarios ingresándose para el pago de uno de ellos 91.500 euros en efectivo y desde una cuenta de Teresa Gabarra se transfirieron 503.849,45 euros como parte del precio de la compra de un inmueble en la calle de Parma.


En otro auto, que también ha sido notificado este viernes, Ruz, ha citado para los días 11 y 12 de septiembre a otros siete imputados en el caso Gürtel por delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación y malversación, algunos de los cuales ya prestaron declaración cuando la causa estaba secreta.


El 11 de septiembre, el juez ha llamado a declarar a Isabel Jordán -exadministradora de varias empresas de la trama Gürtel- , Javier Nombela, Alicia Mínguez Chacón y Mónica Magariños Pérez.


Adjudicaciones públicas a cambio de regalos

A todos ellos se les vincula al grupo de sociedades creadas por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y Blanco Balín para presentarse a concursos públicos como entidades independientes, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, así como para simular operaciones mercantiles con el objeto de reducir la cuota tributaria.


Según el juez, este grupo de sociedades habría obtenido múltiples adjudicaciones públicas de forma irregular,en connivencia con distintos cargos públicos con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública a los que se les entregarían dádivas en forma de regalos, viajes, artículos de joyería o dinero en efectivo.


Detalla que esta actividad se desplegó básicamente en la Comunidad de Madrid, en los municipios de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey.