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Andalucía

La Junta recurre el auto en el que se imputa a Magdalena Álvarez y otros 19 altos cargos

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ya había advertido que el auto era "perfectamente recurrible".

Europa Press. Sevilla Actualizada 11/07/2013 a las 11:31
7 Comentarios
Magdalena Álvarez.EFE

La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputa a 20 cargos y excargos de la Administración autonómica, entre los que destaca la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez

Fuentes de la Junta han informado de que el gabinete jurídico de la Administración autonómica ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un recurso contra el referido auto, en el que la magistrada imputa también al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.

Cabe recordar que, el pasado martes, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, señaló que el auto es "perfectamente recurrible" y en él se señala a personas que son "honestas, honorables y que han hecho un buen servicio a Andalucía". "Es un auto que parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal", según indicó el portavoz del Ejecutivo, quien apuntó que la Junta opina, al igual que importantes juristas, que hay cierta "inconsistencia" en el propio auto.

En el auto, la juez imputa también a los exviceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, y de Empleo, Justo Mañas, así como al actual director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, y a sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla imputa, igualmente, al ex secretario general técnico de las consejerías de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García, quien también fue posteriormente director de Administración y Finanzas de IDEA; y a los también ex secretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, así como al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

También imputa al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; al actual interventor delegado en Empleo, Juan Luque; a los ex directores generales del IFA Antonio Lara y Francisco Mencía, y a los ex directores generales de Finanzas del propio IFA Pablo Millán y Juan Vela.

En el auto, y respecto a Magdalena Álvarez, Alaya dice que "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

La imputación de Magdalena Álvarez

La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputa tanto a Álvarez como a su viceconsejero, José Salgueiro.

Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción remitió un escrito a la juez en el que señalaba que "la necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha, muy especialmente los recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución, exige la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas", de forma "que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan".


  • ¡Jo-er que tropa!12/07/13 00:00
    La "joya" esta dijo: -¡Antes rota que tronchá!.Aunque lo que quiso decir era: -¡Antes pringá que tronchá!.
  • Q11/07/13 00:00
    2-ABABOL. Muy bien dicho. Justicia igual para todos y que vayan devolviendo algo, que aquí no suelta nadie lo trincado.
  • batallador11/07/13 00:00
    Señora jueza siga adelante con el proceso,y mande a esta cuadrilla de mangantes a la carcel.Miembros del Psoe,han robado presuntamente a parados.....Un saludo
  • asro11/07/13 00:00
    Esteasunto tiene sus intríngulis. Resulta que la Junta de ANDALUCIA está personada contra los ERES fraudulentos y ahora dice que la juez que lle4va el caso se ha equivocado al acusar a dterminadas personas. Que me expliquen esto. Ay, ay, ay. ¡Vaya panorama!
  • Clarisimo11/07/13 00:00
    Pues está claro. La juez Alaya debería inmediatamente expulsar a la Junta de la acusación de este proceso por connivencia con los propios imputados como ha pasado en el caso Gürtel con el PP. Jamás se podría tener una prueba más clara y objetiva, que oponerse a una imputación para el esclarecimiento de los hechos. Es una prueba palpable de implicación directa de la Junta en el robo más importante de la democracia española y por lo tanto del PSOE-IU y los sindicatos
  • Juan11/07/13 00:00
    Corrupción tolerancia cero, cero y cero. Justicia, Justicia Y Justicia
  • ababol11/07/13 00:00
    Al igual que echaron al PP como acusación en el caso Barcenas, el PSOE y la Junta no pueden ser acusación en el caso de los ERE, es una aberración total.


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