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Caso Nóos

El juez del Caso Nóos reclama la escritura de Aizoon al notario

El presunto testaferro del Duque de Palma, Robert Cockx, además ha solicitado el archivo de su imputación.

OTR/PRESS. Madrid Actualizada 01/07/2013 a las 23:05
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Continúa la instrucción del Caso NóosEFE

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha solicitado a la notaría barcelonesa que intervino en la constitución de Aizoon, sociedad de la que son propietarios al 50 por ciento los Duques de Palma, que aporte la escritura relativa a esta operación mercantil. Por su parte, Robert Cockx, presunto testaferro de Urdangarin en Suiza, ha solicitado el archivo de su imputación en el marco del caso Nóos.

Según la providencia que el magistrado ha dictado al efecto y a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha oficiado al notario que tiene a su cargo el protocolo de la Notaría de Espluges de Llobregat de la que era titular el notario que escrituró Aizoon, Carlos Masía, para que remita testimonio del documento de constitución, llevada a cabo el 11 de febrero de 2003.

El magistrado ha cursado esta diligencia a petición del sindicato Manos Limpias, cuya representación procesal ha solicitado que se aporte a la causa la escritura de la mercantil perteneciente a Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, y que se encuentra bajo lupa judicial por haber servido presuntamente para defraudar a Hacienda. Es más, la Audiencia Provincial de Baleares ha llegado a apuntar los Duques se habrían beneficiado, como socios de la mercantil, de los ingresos procedentes de Nóos.

Precisamente, el notario que participó en el impulso de Aizoon fue interrogado como testigo en el marco de este caso, aseverando que la operación fue preparada y diseñada por excontable de Nóos Miguel Tejeiro, a quien le sugirió que, por ser una empresa mercantil que "podía tener infortunio, que la cambiara a gananciales para que así no tuviera que aparecer la Infanta".

"Sólo sugerí que Urdangarin estuviera en régimen de gananciales para que la Infanta no tuviera que aparecer por ahí", incidió el testigo, aseverando que, pese a las consultas que le hicieron sobre cómo repartir el accionariado de la empresa de consultoría, "no me hicieron caso".

Los investigadores apuntan a que el Duque "interpuso" esta mercantil para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

De hecho, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades).

Del mismo modo, Carlos Masía también intervino en la compraventa del Palacete de Pedralbes, respecto a la cual recordó que la Infanta "no quería firmar" ya que "no veía claro cómo se podía adquirir esa casa" y si la operación "era viable". "Era como si no se le hubiera justificado cómo se adquiría y cómo se pagaba", incidió al respecto.

En su comparecencia, a cuya transcripción tuvo acceso Europa Press, el notario explicó que preparó la compraventa "bajo instrucciones" de Tejeiro, lo que llevó al fiscal Pedro Horrach a terciar: "Sin embargo, los que compraban eran Iñaki Urdangarin y su esposa, ¿no?". Según explicó, había "mucho nerviosismo" porque la Infanta "no lo veía claro" y "entonces el señor Tejeiro me dio instrucciones".

Tal y como recordó, Tejeiro le indicó que si la hija del Rey Don Juan Carlos preguntaba sobre la viabilidad de la operación, debía responder que "esto va a comisión ejecutiva, la Caja de Pensiones ya lo tiene aprobado". Y es que, precisó ante la extrañeza del fiscal, para una venta de seis millones de euros "no basta con la aprobación del delegado de la oficina, hace falta que el comité ejecutivo, en este caso la Caja de Pensiones, apruebe esta operación, porque no es una operación ordinaria".

Sin embargo, el notario recordó que en realidad "no estaba aprobado" y los "nervios" se debían a que, "según me manifestó Tejeiro, la Infanta había tenido una serie de dudas, no veía clara la operación y no quería firmar". Finalmente, el mismo día en que se escrituró la compraventa se aprobó la operación, según Masía, quien relató que después de todo "la Infanta no preguntó, porque su actitud era muy reservada, muy protocolaria".

"A ver, normalmente la esposa mira al marido y firma, y ya está. Aquí, como por protocolo empezábamos antes, la Infanta no podía mirar, no podía seguir, tenía que ser la primera en firmar", explicó el notario, quien recordó que "se le veía cara de duda, pero tampoco preguntaba".

El presunto testaferro pide el archivo de su imputación


Robert Cockx, presunto testaferro de Urdangarin en Suiza, ha solicitado el archivo de su imputación en el marco del caso Nóos al negar que haya participado en una operación de Intersiones Finacieras Aguas de Valencia (AGVAL) para que el Duque de Palma pudiese cobrar 375.000 euros por servicios de búsqueda de inversores que finalmente no fructificaron, rechazando así haber cometido delito alguno en el marco de esta operación.

Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, se ha opuesto a la petición de sobreseimiento al alegar, mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que en la causa "hay más que motivos y pruebas suficientes que acreditan que el señor Cockx sabía que el destinatario de las transferencias era el señor Urdangarin".

En su última declaración ante el juez instructor José Castro, el encausado manifestó que participó en esta operación pero negó de forma tajante que lo hiciera en favor del Duque.

Sin embargo, la Fiscalía postula que detrás de esta operación se encuentra Urdangarin, quien habría cobrado 140.000 euros a través de esta cuenta por unos trabajos para AGVAL que no llevó a cabo.

En su comparecencia, Cockx señaló que en su trayectoria como impulsor de nuevas empresas para terceros clientes ha evitado tratar "con políticos y criminales", asegurando no conocer a Urdangarin como tampoco al colaborador de éste, José María Treviño. El encausado precisó entonces que tiene en su haber unas 50 sociedades constituidas, si bien sostuvo que no utilizó ninguna de ellas en beneficio del Duque.

El Ministerio Público sostiene que fue a principios de 2008 cuando Urdangarin se puso en contacto con el presidente de AGVAL, Eugenio Calabuig, para impulsar estos proyectos, por los que finalmente la mercantil abonó tres facturas por un total de 375.000 euros.

A efectos de mantener la opacidad de las transacciones, la Fiscalía subraya cómo el colaborador de Urdangarin habría utilizado los servicios de Cockx, quien para ello cedió Alternative General Services, domiciliada en Irlanda y cuya cuenta corriente estaba radicada en Laussane (Suiza), cobrando a cambio un 5 por ciento de las operaciones a cambio de figurar en las mismas.

Así, el contrato entre Urdangarin y Treviño con Calabuig fue suscrito formalmente por Cockx en representación de Alternative, todo ello por la búsqueda y localización de proyectos de inversión que finalmente no se realizaron, lo que motivo la rescisión del acuerdo rubricado.

Fue entonces cuando Cockx, por orden del Duque de Palma y su colaborador, emitió tres facturas contra AGVAL por un importe global de 375.000 euros, que fueron transferidos en la cuenta corriente de Cockx en Suiza. Acto seguido, el presunto testaferro, tras descontar su 5 por ciento, traspasó la cantidad restante a otra cuenta del país suizo perteneciente a la empresa Star Opcions, perteneciente a Treviño.

De este modo, desde la cuenta del colaborador del marido de la Infanta Cristina finalmente se realizó otra transferencia, por importe de 140.000 euros, para el pago de los servicios del propio Urdangarin, según sostienen los investigadores.
 




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