La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el expresidente del Gobierno José María Aznar declare como testigo en el caso Bárcenas, en el que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, al entender que su testimonio no resulta "útil o relevante para el esclarecimiento de los hechos".

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha informado en este sentido al juez Pablo Ruz en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, después de que la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) pidiera la citación de Aznar.

La solicitud se produjo después de que el exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo identificara a Aznar como la persona que aprobó una compensación de 3.600 euros mensuales entre 1991 y 1995 al exconsejero navarro Calixto Ayesa, así como por haber recibido del PP 782.695 euros entre 1990 y 1996.

Para el fiscal, las declaraciones de Del Burgo, que considera que no ofrecen ninguna duda, "no revelan a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva, que en cualquier caso y por el tiempo en que tuvieron lugar no podrían ser objeto de persecución", por lo que considera que ese pago a Ayesa, reflejado en los llamados papeles de Bárcenas, estaría prescrito.

Explica Romeral que, pese a esa prescripción, Del Burgo y Ayesa fueron citados a declarar como testigos por unos hechos que "atendida la fecha en que acontecieron, carecían de relevancia penal pero podían cooperar junto con otras diligencias acordadas a comprobar la verosimilitud" de los apuntes contables atribuidos a Bárcenas.

Añade además que las cantidades que dice Adade que percibió Aznar entre 1990 y 1996 "fueron contabilizadas y declaradas a la Hacienda Pública hasta donde se puede comprobar" con la documentación aportada a la causa, y sostiene que tampoco tienen "ningún reflejo" en los llamados papeles de Bárcenas.

Sobre el apunte contable que figura en los papeles como "entrega J.M.", Romeral dice que tampoco hay indicios de que esas iniciales se correspondan con las de Aznar, "y en cualquier caso ningún efecto tendría ello en el ámbito de la investigación que se lleva a cabo" porque también estaría prescrito.

Para Romeral, los motivos que esgrime la acusación para pedir que testifique Aznar "se apartan del objeto de la investigación", por lo que no resulta "ni necesaria, ni útil".

A su juicio, las pretensiones de esta acusación "muestran un interés que se aparta del que ha de presidir la instrucción judicial de esclarecer los hechos presuntamente delictivos que conforman su objeto".

"Su interés se centra más bien en someter la conducta del testigo a la censura y valoración, al menos, de las partes, en relación con los hechos que fundamentan su petición, lo que excede de la función del proceso penal", advierte.

Adade consideraba necesario que el expresidente testificara después de que Del Burgo declarara en el Juzgado que fue la dirección del PP, y en concreto el presidente del partido, que él mismo precisó que era Aznar, quien decidió abonar esa compensación al exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra Calixto Ayesa.

En los llamados papeles de Bárcenas aparecen apuntes de entregas a Del Burgo entre los meses de febrero, mayo, junio, septiembre y noviembre de 1992, "con lo que se detecta un encaje" entre las declaraciones del político navarro y de Ayesa con las anotaciones contables atribuidas al extesorero.

También figuran en esos papeles diversos apuntes correspondientes al ejercicio de 1990 (de abril a agosto) en los que se reflejan pagos por 1.530.000 pesetas (9.195 euros) a una persona identificada como JM, "que todo apunta a que fuera D. José María Aznar", indicaba Adade.

La Fiscalía tiene ahora pendiente pronunciarse sobre la petición de la otra acusación popular en esta causa, la ejercida entre otros por IU, de citar como testigos a la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, a sus antecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, y a Aznar, para que expliquen el método de recepción de las donaciones al PP y el pago de "sobresueldos".