La cúpula de la sanidad madrileña, imputada por presunto fraude y prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la asociación de médicos Afem contra responsables de la Sanidad madrileña por prevaricación, cohecho, fraude y malversación en relación con posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004.

La querella criminal de Afem, presentada el 29 de mayo, se refiere a la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 y la vinculación de excargos públicos como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes a empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias.

En concreto, Afem denuncia los presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

El juez cita para declarar los próximos meses de septiembre y octubre como imputados, entre otros, a la viceconsejera Patricia Flores y al director general de Hospitales, Juan Antonio Burgueño.

También a los excargos anteriormente citados y responsables de empresas como la unión temporal de empresas Fundación Jiménez Díaz, el grupo Ribera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa, y reclama diferentes documentos a la administración y las compañías.

La decisión del juez no es firme y contra ella cabe un recurso de reforma en los tres días siguientes a su notificación.

El juez determina que los hechos denunciados deben ser investigados para determinar si ha existido una actuación punible y deben "despejarse" los indicios sobre la actuación de las autoridades que han intervenido en la concesión de contratos o concesiones a empresas que contrataron a excargos políticos.

Además, remarca que la investigación se dirige a las actuaciones concretas denunciadas y "no es ni puede ser una investigación general" sobre el "denominado proceso de privatización de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid", pues esta "no compete" al ámbito penal el debate sobre la legalidad o legitimidad de este proceso.

Por ello, el auto rechaza la petición de suspensión cautelar de las iniciativas del plan sanitario que la Comunidad de Madrid tiene previsto ejecutar este año, que incluye la externalización de la gestión de seis hospitales y veintisiete centros de salud.

Afem basó su denuncia en posibles irregularidades del Servicio Madrileño de Salud en los conciertos para la asistencia sanitaria, por vinculaciones de cargos y antiguos responsables políticos presentes en empresas concesionarias y por la posible negligencia en el control del gasto público, de la facturación intercentros y las derivaciones, así como por la vulneración de los derechos de los pacientes.

En la querella, Afem acusa de estos supuestos delitos a la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Patricia Flores y al director general de hospitales, Antonio Burgueño.

Igualmente, a los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela -consejero de Assignia, empresa que participa en la UTE que gestiona servicios del Hospital del Tajo- y Juan José Güemes, que renunció en enero a su cargo en Unilabs, firma que adquirió la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009.

En este proceso está además personado el PSM en calidad de acción popular.