La Audiencia Provincial de Baleares ha estimado que los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia no son personas "directamente perjudicadas u ofendidas" por el presunto desvío de fondos públicos en la organización del Valencia Summit, por lo que ha declarado tenerlos por personados en la causa como acusación popular tras estimar en parte el recurso interpuesto por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al que se adhirió la infanta Cristina.

Según el auto dictado por el tribunal de la Sección Segunda, "ninguna duda cabe" de que a los ediles, personados hasta ahora como acusación popular colectiva -como afectados- "les asiste la posibilidad de ejercitar la acción penal, pudiendo personarse en un procedimiento en el que se han visto afectados los intereses del Ayuntamiento", si bien a través de la acción popular.

"Pero no como personas directamente perjudicadas u ofendidas", precisa la Sala, "sobre todo" cuando el convenio para la celebración del Summit lo rubricó la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB), "participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valencia, pero no de modo exclusivo".

Precisamente, sobre la Fundación Turismo Valencia, el Tribunal de Cuentas subraya, en un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local, que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que percibe son aportados por el Ayuntamiento de la capital levantina, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público.

La Audiencia recalca que los mismos ediles "reconocen a la hora de personarse que el ejercicio de las acciones penales lo hacen por el interés de la colectividad pero no como directamente ofendidos", por lo que, en todo caso, señala que es la FVTCB la que debería personarse como acusación particular. En cualquier caso, la Audiencia no obliga a los concejales a prestar fianza ni a formular querella para poder ejercer la acción popular.

En concreto, la decisión de admitir su personación como acusación particular también fue recurrida por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, por la mujer de éste Ana María Tejeiro, y por el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía.

Una parte de los afectados

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ya desestimó en primera instancia las impugnaciones de todos ellos, aseverando que ya explicó "suficientemente el proceso razonador" que le llevó a aceptar a los ediles socialistas como parte en este procedimiento judicial. "Cosa bien distinta es que legítimamente se comparta o no", incidía el instructor. 

Y es que el magistrado admitió la personación de los ediles del PSPV "en su doble condición de representantes de al menos una parte de los ciudadanos afectados" por un presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, y de "obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la Corporación municipal". De este modo les daba legitimación para su "defensa judicial" ante su "responsabilidad de velar por la observancia de determinados valores que estiman conculcados".

Alegaciones de la infanta 

En el caso de la Infanta, sus abogados alegaban en su escrito que los regidores socialistas no están legitimados para personarse como acusación particular por no representar "ni a un Ayuntamiento ni a un partido político", sino que están ejerciendo esta acción a título individual. 

Los socialistas decidieron personarse a raíz de los contratos suscritos entre la FTVCB, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y el Instituto Nóos para la organización de los eventos Valencia Summit, por los que la entidad entonces presidida por Urdangarin percibió unos tres millones de euros. "Hay cuestiones [sobre estos convenios] que aún no se han debatido y que esta parte se propone impulsar procesalmente", incidían.