Un informe del Gobierno vasco acusa a la Policía de 94 muertes entre 1960 y 2013

Un informe encargado por el Gobierno vasco cifra en 1.004 las personas muertas por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con lo que se califica como el "caso vasco", de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, han presentado este viernes en Vitoria el 'Informe de Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco', que recoge atentados cometidos por ETA, el GAL y otras organizaciones terroristas, así como abusos cometidos por las fuerzas policiales entre 1960 y 2013, aunque tratando de evitar siempre las "equiparaciones" entre unos y otros casos.

El documento, que forma parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, ha sido elaborado por el propio Uriarte; el exdirector de Derechos Humanos del gabinete de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, la jueza Manuela Carmena y el profesor de Derecho y exconcejal del PP Ramón Múgica. El estudio, abierto a modificaciones en función de nuevas investigaciones, no se limita a casos ocurridos en Euskadi, puesto que "muchas" de las vulneraciones de derechos que recopila se produjeron en otras zonas.

"Fuentes fiables"

El informe, que se define como una obra "recopilatoria" de trabajos anteriores, ha sido elaborado a partir de casos "constatados y constatables en base a fuentes fiables, suficientemente documentadas y ya existentes".

De todas formas, en el documento se indica que en los casos en los que "la existencia de graves violaciones de derechos humanos puede afirmarse pero no documentarse cuantitativamente, esta realidad se reflejará a partir de indicios preliminares reconocidos como tales según los estándares internacionales".

Además de las 1.004 muertes que recoge el informe, el número de heridos se cifra en 3.772. En el caso de las conculcaciones de derechos humanos atribuidas a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), se indica que estos comportamientos han causado 94 muertes, nueve de ellas bajo custodia policial, veinte en controles policiales o situaciones similares y 17 por "confusiones, errores, abusos u otros". El estudio señala que los abusos policiales han provocado 746 heridos en el periodo analizado.

El estudio diferencia entre varias etapas. En el caso de las muertes causadas por las FSE se indica que entre 1960 y 1975 hubo 26 fallecidos, mientras que entre 1976 y 1978 se produjeron 30 muertes, entre 1979 y 1982, otras 24, y desde 1983 hasta la actualidad, 14.

En el caso de ETA, a los 837 asesinatos de la banda se añaden entre 2.365 y 2.600 heridos, mientras que a los grupos parapoliciales y de extrema derecha, como el GAL o el Batallón Vasco Español, se les atribuyen 73 asesinatos y 426 personas heridas.

Crímenes no esclarecidos 

El documento, en su capítulo de recomendaciones, constata la "penuria de datos y la abundancia de casos no investigados", por lo que propone adoptar medidas para "clarificar" los crímenes de ETA no esclarecidos y para determinar la "realidad y extensión" de la extorsión económica -el llamado 'impuesto revolucionario'- de la organización terrorista, así como el número de personas que abandonó Euskadi por la amenaza de ETA. En este mismo apartado, solicita que se investiguen las violaciones de derechos humanos no clarificadas y cometidas "por las fuerzas del orden público".

El informe indica que "dadas las dificultades" que existen para disponer de datos e investigar los casos de "tortura", sería conveniente elaborar un estudio sobre "la fiabilidad de las denuncias" y una investigación sobre "los avatares judiciales" de las denuncias de torturas desde 1978 a 2013.

"Manipulando armamento"

Por otra parte, el estudio señala que existen "sufrimientos" que no pueden considerarse vulneraciones de derechos humanos según los estándares internacionales. No obstante, subraya que "esto no significa" que estas situaciones "no deban tenerse en cuenta".

De esa forma, destaca que "277 personas más han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia", entre los que cita los suicidios, enfrentamientos los casos producidos "manipulando el propio armamento" o por disparos fortuitos entre distintos cuerpos policiales.

El lehendakari ha destacado que el trabajo se ha elaborado por personas "independientes" y "desde la primacía de los principios éticos" y con el objetivo de "garantizar la justicia, la reparación y la verdad para todas las víctimas, sin equiparaciones ni discriminaciones".

"Datos objetivos"

Urkullu ha afirmado que el informe contiene "datos objetivos" que reflejan "la verdad de lo ocurrido". "Los datos informan, no pueden hacer daño, el daño lo puede hacer una interpretación de los mismos que no atienda a los principios éticos", ha manifestado. El documento, que será remitido al Parlamento Vasco, pretende "corregir las lagunas en el reconocimiento y la reparación" a las víctimas, según ha explicado el presidente del Gobierno autonómico.

Por su parte, Uriarte ha manifestado que este trabajo pretende ser "una modesta contribución a la paz y la reconciliación", y que se ha elaborado desde una "exquisita sensibilidad". El obispo emérito de San Sebastián ha indicado que "la verdad entera tiene aristas que la hacen difícilmente digeribles", pero que se ha afrontado el estudio "evitando toda equiparación" entre unos y otros sufrimientos.