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Sanidad

El Constitucional mantiene la suspensión del euro por receta en Madrid

González ha defendido que se trata de una medida que no está dirigida a la "recaudación" sino a "disuadir" el gasto farmacéutico.

Europa Press. Madrid Actualizada 06/06/2013 a las 11:51
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EUROPA PRESS

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este jueves mantener la suspensión del euro por receta en Madrid decretada el pasado 29 de enero, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

El TC ha optado por mantener la suspensión de la medida después de que hace un par de semanas tomara una decisión similar sobre el euro por receta de Cataluña. De hecho, según argumentan, "no hay razones que justifiquen una conclusión distinta" a la alcanzada en relación a la tasa establecida por la Generalitat.

Para ello, ha dado por válidas los argumentos presentados por el Abogado del Estado para pedir la suspensión de la tasa en Madrid, implantada el pasado 1 de enero, al entender que la medida afectaba a un supuesto regulado por una ley estatal y alegó que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.

Además, defendía que, a pesar de la reducida cuantía de la tasa, "puede erigirse en barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y mayores necesidades", puesto que se suma al copago estatal.

En este sentido, el TC mantiene que "los intereses generales y públicos, vinculados a la promoción y garantía del derecho a la salud, son intereses asociados a la defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles".

De igual modo, considera "virtualmente imposible" la posible devolución de las tasas cobradas en caso de que la medida se restituyera y finalmente fuera declarada inconstitucional.

"El número de sujetos pasivos afectados, por mucho que pudieran ser identificados a través de la trazabilidad inherente al sistema de receta electrónica, tendría carácter masivo", argumenta.

Por ello, prosigue, y como sucedía en el caso de la tasa establecida por la Generalitat de Cataluña, "no solo el carácter excesivamente oneroso de las cargas, molestias y costes que, en su caso, conllevarían para los sujetos pasivos las operaciones de devolución de las cantidades ya ingresadas, sino también para la propia Administración autonómica, que se vería obligada a arbitrar un procedimiento de devolución individualizado con unos costes de gestión que podrían llegar a superar la cuantía recaudada por la propia exacción de la tasa", defiende.

No obstante, considera que "no cabe apreciar una reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica" que revierta en una lesión del derecho a la protección de la salud, puesto que "los argumentos relativos a la adherencia al tratamiento y al impacto económico de la norma autonómica sobre los pensionistas se formulan con un carácter "marcadamente hipotético" que "en ningún momento se concretan ni justifican".

Reacciones del Gobierno

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reconoció este miércoles que no van a restablecer el pago del euro por receta hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el "fondo" de la medida o el Gobierno de la Nación decida sobre el asunto, independientemente de que lo que se decida sobre la suspensión cautelar que ahora pesa sobre la misma.

"Nosotros con independencia de lo que decida a efectos de la suspensión el TC no implantaremos el euro por receta hasta que no se decida el fondo por parte del TC o hasta que el Gobierno de la Nación decidiera otra cosa sobre este asunto", ha indicado el presidente madrileño.

González ha defendido que se trata de una medida que no está dirigida a la "recaudación" sino a "disuadir" el gasto farmacéutico, teniendo en cuenta que en España se gasta un 15 por ciento más que la media europea y que existen "45 millones de medicamentos almacenados" en las casas, de los cuales el 20 por ciento se tiran caducados.




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