Castro atribuye a Camps y Barberá delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ve indicios racionales de que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, incurrieron en presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial. 

Así lo pone de manifiesto en la exposición razonada, de 70 páginas, que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que le propone que asuma la competencia para instruir la parte del caso Nóos que afecta a la supuesta participación de ambos en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

Según el juez, las contrataciones al Instituto Nóos por parte de administraciones públicas fueron actos "estrictamente voluntaristas" que no obedecían a procurar el interés general sino "solo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se plantearan no dejaban de serlo, de Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey", con adjudicaciones a dedo.

Añade que Camps y Barberá asentían verbalmente "a cuanto se les ofrecía".

El juez señala que de la investigación del caso Nóos se desprenden "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia habían tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva" en los que Camps y Barberá han podido tener "decisiva e imputable intervención".

En esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que las administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar las tres cumbres Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 y para elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que no llegaron a celebrarse.

En la exposición razonada, Castro asegura que el primero de los tres convenios entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y el Instituto Nóos para celebrar el Valencia Summit (que tendría lugar en 2004, 2005 y 2006), se llevó a cabo "en atención" a que el presidente de esta última entidad era yerno del Rey.

El juez detalla que el convenio se suscribió "sin que se iniciara absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación", porque para el entonces presidente Camps "era hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba Urdangarin, "a cuyas pretensiones entendía que era obligado acceder en atención a que era yerno del Rey".

Según el juez, el convenio documenta "lo que de facto estaba ya pactado por el presidente de la comunidad y la alcaldesa de Valencia" para celebrar el Valencia Summit, ya que Nóos empezó a trabajar en el evento antes de que se firmara.

El magistrado asegura que la cuantía de 1.044.000 euros que cobró el Instituto Nóos la fijó unilateralmente dicha entidad y fue aceptada "sin discusión o negociación".

Relata que se redactó un informe técnico para justificar el convenio y se falsificó la fecha para que fuera anterior a la firma del acuerdo.

La ampliación del convenio para celebrar el segundo Valencia Summit en 2005 se hizo sin que Nóos "rindiera la menor cuenta" sobre los 1.044.000 euros que ya había cobrado del primero y sin que quienes gestionaban los fondos públicos estudiaran los costes y repercusión de la primera edición.

Nóos cobró otros 1.044.000 euros y recabó 331.760 euros más de nueve patrocinadores. Para la tercera edición, el instituto cobró de nuevo lo mismo.

En relación al convenio para diseñar la candidatura de los Juegos Europeos, el magistrado dice que se prescindió "de manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los de amiguismo y oficiosidad" para favorecer a Miguel Zorío, Urdangarin y Torres.

"Éste no es el normal proceder de una administración pública a la hora de contratar", dice Castro, que añade que el expediente se tramitó con sorprendente celeridad y con formato de subvención para "burlar" las normas. Además se subcontrató a trabajadores que nunca prestaron servicios para la candidatura.

En cuanto a los Juegos de la Juventud, a los que las autoridades valencianas finalmente renunciaron, su negociación también reflejó el acceso privilegiado de Urdangarin a las contrataciones públicas "compatible con un similar apartamiento de las leyes que las regulan".