CC.OO. denuncia el "ataque" al que considera que se está sometiendo a Correos, la mayor empresa pública española con más de 55 mil trabajadores: "Se ve presionada por grupos de interés que, obviando el importante papel de vertebrador social que juega y de mayor empleador de nuestro país, lo han puesto en su punto de mira para sacar beneficios y negocio", aseguran desde el sindicato mayoritario del sector.

Comisiones Obreras observa que detrás de las "agresiones" por parte de los intereses privados para que Correos permita el acceso libre a la Red Postal, se oculta la intención de captar los nichos rentables del mercado: "Esto dejaría a Correos la parte deficitaria que conlleva su papel social de prestación de servicio en más de 8.000 municipios, especialmente en el mundo rural", alertan desde la sección sindical. El sindicato señala al proceso de liberalización de Correos, impuesto por la Directiva Postal Europea y transpuesto en España por la Ley Postal del año 2010, como el culpable de la debilidad actual del operador público: "Al abrir completamente el mercado a los operadores privados nacionales e internacionales sin garantizar la financiación para la prestación del Servicio Público Postal que el operador tiene obligación de prestar en todo el territorio español, sin excepción alguna", señala el sindicato en un comunicado.

CC.OO. ha tachado de "desproporcionada e injusta" la postura de corporaciones como la Comisión Nacional de la Competencia y ha acusado al organismo de centrar su atención en sancionar a organismos públicos como Correos y en dar entrada a operadores privados "cuyo único fin es la rentabilidad económica basada en despidos, recorte de derechos y de salarios", han añadido. Culpa también el sindicato a los operadores privados de "tirar los precios" para conseguir concursos públicos con la Administración "que luego son incapaces de cumplir sin que reciban una sola sanción".

Por último el sindicato ha asegurado en su comunicado que "hará frente al ataque" y que luchará por un proceso de liberalización que contemple financiación suficiente a Correos para la prestación del SPU, una regulación del mercado adecuada con descuentos a grandes clientes, acceso limitado a la red postal, moratoria en la aplicación de la factura electrónica, cuidado con el efecto de las sustitución tecnológica y la adjudicación de notificaciones a Correos, entre otras medidas que considera esenciales para que Correos pueda desarrollar todo su potencial como operador público y como empresa competitiva en España y en Europa.