El proyecto de reforma educativa, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, se orienta a garantizar el aprendizaje en castellano en las comunidades con lengua cooficial, particularmente en Cataluña, y a que la religión y la nueva asignatura de valores alternativa cuenten en la nota media final de la ESO.

El Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda.

La Generalitat de Cataluña considera la reforma "inaplicable", "predemocrática" y "recentralizadora", en palabras de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, al conocer el contenido de la propuesta de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

El objetivo del Gobierno es preservar el derecho de aprender en castellano y en lengua cooficial como lenguas vehiculares con una fórmula "excepcional y temporal" hasta que la administración autonómica en cuestión sea capaz de atender la demanda de los padres, según el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Esto afectaría a Cataluña, ya que su modelo es de inmersión lingüística en catalán y no contempla escolarización solo en castellano, ni bilingüe ni trilingüe en centros sostenidos con fondos públicos como ocurre en otras comunidades.

La memoria económica prevé cinco millones de euros para la escolarización de los mil alumnos que pudieran estar en tales circunstancias, aunque dependerá de los casos reales.

En relación con la enseñanza de religión, habrá una asignatura confesional y otra alternativa de valores en primaria y ESO, de oferta obligatoria para los centros y de elección voluntaria por los alumnos.

Su calificación formará parte de la nota media final de ESO, que contará, entre otras cosas, para obtener becas; sin embargo, los alumnos no tendrán que examinarse de ellas en la evaluación final de etapa. También podrán estudiar cualquiera de esas dos asignaturas como materia optativa.

Actualmente, la religión (voluntaria y sin alternativa obligatoria) es evaluable, pero no cuenta en procesos competitivos como las becas.

Por el contrario, se suprime Educación para la Ciudadanía, cuyo temario se aprenderá de forma transversal.

Los centros que eduquen por sexos separados deberán justificar que no discriminan en calidad educativa si quieren optar a ser concertados.

La memoria económica mantiene el cálculo de 408 millones de euros como coste neto directo de implantación (corresponde al Gobierno), fundamentalmente destinados a la nueva FP básica y a las dos trayectorias de cuarto de ESO, hacia bachillerato y FP.

Las comunidades financiarán los costes de consolidación, mayores cuantos más alumnos permanezcan en el sistema escolar.

El Ministerio calcula que la reforma, que ahora debatirá el Parlamento, se implantaría en dos cursos (tres años naturales), a partir de 2014-2015.

La propuesta implanta itinerarios formativos en cuarto de ESO hacia el bachillerato y la FP, así como evaluaciones nacionales externas de competencias básicas al final de cada etapa educativa, que habrá que superar para titularse.

La reforma es "inaplazable", ha subrayado Wert al alertar de que los 500.000 alumnos repetidores de la educación obligatoria cuestan 2.500 millones de euros anuales, la tasa de abandono educativo prematuro (24,9 %) casi dobla la media europea y el paro juvenil es del 57 %, según la EPA.

El 23,7 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan y los resultados de los alumnos españoles en la evaluación internacional PISA 2009 fueron 12 puntos inferiores al promedio de la OCDE.

Todo ello, según el Gobierno, pese a que la inversión pública en educación se ha duplicado en la última década y el gasto por alumno es superior al de la OCDE y la UE.

El ministro ha defendido un sistema de formación "flexible y muy transitable", en el que se impulsen la autonomía de los centros y la responsabilidad de las comunidades para tomar decisiones.

Por el contrario, los partidos de oposición han coincidido en rechazar la reforma, ya que, como denuncian los socialistas, fomenta la "desigualdad y la segregación" y recupera el "catecismo".

"Ataca el modelo de cohesión social" de Cataluña conseguido a través del sistema educativo autonómico, ha opinado CiU.

La reforma es respaldada por las comunidades que gobierna el PP y es rechazada por el resto; el País Vasco no excluye recurrirla en el Tribunal Constitucional.

Sindicatos de docentes y otras organizaciones de centros y alumnos han recibido el proyecto entre el rechazo, como los sindicatos de la escuela pública, la "frialdad" de Escuelas Católicas y la conformidad de otras organizaciones de la escuela concertada.