La reforma educativa implantará evaluaciones nacionales e itinerarios en ESO

El proyecto de reforma educativa, que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, suprimirá previsiblemente la selectividad, implantará evaluaciones nacionales al final de cada etapa educativa y transformará cuarto de ESO en un curso de iniciación con itinerarios hacia bachillerato o FP.

El título de bachiller facultará para acceder a las universidades, aunque estas podrán valorar, además, formación complementaria y pruebas específicas. No obstante, los alumnos deberán superar las evaluaciones finales de etapa para poder titularse tanto en ESO como en bachillerato.

El Gobierno aplazó la semana pasada el proyecto legislativo debido, según justificó, a unas "observaciones" pendientes de resolverse relacionadas con la financiación de la reforma, aunque con la idea de aprobarlo este mismo mes.

"Todas esas preguntas tendrán una respuesta clara y terminante mañana (por este viernes)", ha dicho este jueves el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en Bruselas al ser preguntado por la prensa sobre la memoria económica de la ley y los motivos del retraso en su aprobación por el Consejo de Ministros.

El proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) establecerá la FP básica (dos cursos), destinada a alumnos desde 15 años de segundo o tercero de ESO con dificultades de progreso, que también serviría para optar al título de ESO.

Las asignaturas de primaria, ESO y bachillerato se agruparán, probablemente, en troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

El Gobierno determinará los contenidos y el horario mínimo de las troncales (como lengua castellana, matemáticas, ciencias e idioma extranjero), que no sería inferior al 50 % del total de carga lectiva.

Las comunidades completarían las troncales y fijarían su horario máximo; establecerían el horario y los contenidos de las específicas (como educación física, cultura clásica o música) y de las de libre configuración; entre éstas últimas, las lenguas cooficiales, que tendrían un tratamiento "análogo" a la castellana.

La reforma también regulará la enseñanza de valores (desaparecería Educación para la Ciudadanía) y el aprendizaje en castellano en las comunidades con lengua autonómica cooficial, asuntos sobre los que el dictamen del Consejo de Estado -órgano consultivo- incluyó algunas recomendaciones.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Educación han reiterado que se garantizará que todo alumno que quiera estudiar en castellano en esas comunidades va a poder hacerlo.

El Gobierno ha defendido la reforma, que comenzaría a aplicarse en el curso 2014-2015, como necesaria para reducir el abandono escolar prematuro (24,9%), que dobla la media europea, y el paro juvenil (57% según la EPA).

El objetivo, según el Plan Nacional de Reformas, es que la tasa de alumnos sin titulación de bachillerato ni FP haya bajado al 15% en 2020.

La Lomce ha suscitado la oposición de Cataluña, País Vasco y las comunidades que gobierna el PSOE y sectores educativos, fundamentalmente de la enseñanza pública.

Numerosas manifestaciones protestaron el 9 de mayo pasado en todo el país contra la reforma durante una jornada de huelga general educativa convocada por los sindicatos, padres y estudiantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que ven la reforma como "segregadora" y "mercantilizadora" de la educación.

El ministro ha recalcado la necesidad de la nueva ley y que los representantes políticos "tienen la última palabra" en el Parlamento. "Lo que en ningún momento me planteo ni me he planteado es la posibilidad de que no haya una reforma", ha precisado.