Andalucía

Desalojan una finca ocupada por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Sevilla

La Guardia Civil ha desalojado 'Las Turquillas' de forma pacífica y los miembros del SAT con Sánchez Gordillo a la cabeza han decidido permanecer a las puertas.

Jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han decidido permanecer a la puerta de la finca propiedad del Ministerio de Defensa 'Las Turquillas' que ocuparon este miércoles y que fue desalojada por la noche por la Guardia Civil.


Según un comunicado del SAT, tras el desalojo, los jornaleros realizaron una asamblea en la que se acordó que todas las personas desalojadas se quedasen a las puertas de la finca y han hecho un llamamiento para que "todo el mundo acuda a Las Turquillas para fortalecer la ocupación".


La Guardia Civil desalojó en la medianoche del miércoles la finca, ocupada desde horas antes por jornaleros del SAT encabezados por el dirigente de IU y alcalde de Marinaleda, Manuel Sánchez Gordillo, según fuentes del sindicato, quien junto con el presidente de este sindicato, Diego Cañamero, explicará este jueves a los medios de comunicación su versión de lo sucedido durante el desalojo y anunciará los pasos del SAT a partir de ahora.


Precisamente, Sánchez Gordillo tiene abierta una causa en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la ocupación de esta misma finca el pasado agosto, al frente de una cincuentena de jornaleros.


La Delegación del Gobierno autorizó a la Guardia Civil al desalojo, que se produjo sin incidentes, según ha dicho un portavoz del SAT, que ha insistido en que se desmanteló el campamento de forma pacífica, ya que su interés "es la resistencia pacífica".


Esta segunda ocupación se produjo en la mañana del 1 de mayo por parte de unos doscientos jornaleros encabezados por Sánchez Gordillo, también parlamentario andaluz, y Diego Cañamero, presidente del SAT.


La ocupación se realizo de forma pacífica bajo unas pancartas que decía "Pan Trabajo y Libertad" y con la intención de aprovechar en labores agrícolas "las 1.500 hectáreas que ocupa la finca", según dijo a los periodistas Diego Cañamero.


Los agentes de la Guardia Civil advirtieron a los ocupantes que no estaban autorizados a permanecer en la finca.