El nuevo Gobierno de Artur Mas cumple este miércoles sus primeros cien días "atrapado" entre su compromiso electoral de celebrar en este mandato una consulta de autodeterminación y la gestión de una crisis económica que socava el autogobierno y deja las finanzas de la Generalitat en un estado de "emergencia".

Los primeros cien días de un gobierno de continuidad nunca son lo mismo que cuando previamente se ha producido un cambio de signo político, pero los tres primeros meses del actual Ejecutivo de CiU no han pasado desapercibidos por el pulso al Estado que ha supuesto el pacto de CiU con ERC para celebrar una consulta en 2014.

Mas, que ha bromeado este miércoles con que su acuerdo de estabilidad con ERC "progresa adecuadamente como en el colegio", no se ha referido en cambio, en sus dos horas largas de comparecencia para hacer balance, al hecho de que Cataluña es la única comunidad que no tiene aprobados unos presupuestos.

Nadie ha preguntado sobre este tema en la rueda de prensa en el Palau de la Generalitat. Y es que en Cataluña solo se piensa en si se celebrará o no la consulta tras una campaña electoral en la que Mas difundió que la independencia traería la solución a todos los problemas económicos que arrastra la Generalitat y Cataluña en su conjunto.

El bajón electoral de CiU tras adelantar los comicios un año ha llevado a la federación nacionalista a dejar sus acuerdos con el PPC y sellar a cambio un pacto de estabilidad parlamentaria con los independentistas de ERC, que quieren acelerar el proceso de la consulta frente a las críticas de Unió y Josep Antoni Duran Lleida.

La lucha contra el déficit pasa desapercibida

Pero con unos socios o con otros, el Gobierno de CiU debe seguir aplicando unos duros recortes en su lucha contra el déficit, como es el caso de la eliminación de nuevo de una paga extra a los funcionarios catalanes.

La gestión del día a día llevó a Mas a reunir de forma secreta a su Gobierno en el Palau de Pedralbes de Barcelona para arengar a sus consejeros a abrir vías de diálogo con el Estado y que solicitasen colaboración de los ministerios, cuando las finanzas de la Generalitat no pueden asegurar ni el pago de las nóminas ni los pagos de los convenios con entidades sociales.

Tras muchos desencuentros, Artur Mas se aplicó su propia medicina y se reunió en secreto con Mariano Rajoy hace dos semanas en la Moncloa, adonde acudió en coche para no ser visto por nadie.

De mutuo acuerdo, el Gobierno y la Generalitat filtraron el encuentro, en el que no se habló de financiación pero en el que Mas y Rajoy constataron que están en las "antípodas" respecto a la idoneidad de celebrar una consulta soberanista en Cataluña.

Sin embargo, Mas ha rechazado dar "fecha de caducidad" a un diálogo con el Estado porque entiende que nada tiene que ver la consulta con la negociación de la financiación.

En paralelo, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, se volvió a incorporar a los trabajos del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la promesa del Gobierno de que si la UE flexibiliza los objetivos de déficit hará lo propio con Cataluña, en donde CiU -y menos ERC- no quieren verse en la tesitura de tener que recortar otros 4.400 millones de euros en el presupuesto.

A la espera de las noticias de Bruselas, Mas sigue abierto a configurar un gobierno de unidad con la incorporación del PSC y de ERC, pero sus acciones y el recelo de unos socialistas que tratan de salir de su propia crisis hacen el tema del todo improbable.

Las agitadas aguas catalanas han visto además diversos casos de presunta corrupción que principalmente han afectado en estos tres meses a dirigentes de CiU y del PSC.

De todo ellos destaca la imputación del hasta ahora secretario general de CDC, Oriol Pujol, llamado a ser el heredero de Mas y que está acusado por una presunta trama de concesión de estaciones de ITV, lo que le ha llevado a dejar sus principales responsabilidades para no entorpecer un proceso soberanista definido hoy por Mas como "lo más complejo que ha hecho este país en siglos".