Juicio por el asesinato de dos guardias civiles

El ministro del Interior sobre el juicio a los etarras: "Confío en la justicia francesa"

La madre de uno de los guardia civiles asesinados por ETA dijo en la apertura del juicio que "pediría la pena de muerte" para los terroristas imputados.

Dibujo de los etarras imputados en el asesinato de los guardia civiles durante el juicio en París.
El ministro del Interior sobre el juicio a los etarras: "Confío en la justicia francesa"
AFP

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado este martes que confía "plenamente" en la Justicia francesa a la hora de juzgar el asesinato perpetrado por ETA de dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton el 1 de diciembre de 2007.


"Como no puede ser de otra manera tengo plena confianza en la justicia en general, y en la justicia francesa en particular", ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de participar en la ceremonia de entrega de la segunda edición de los Premios 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia" de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).


Asimismo, ha denunciado que "es evidente que fue un vil asesinato de dos guardia civiles que estaban cumpliendo con su deber". "Confío plenamente en la Justicia francesa y lo que decidan estará muy bien decidido", ha sentenciado.


Raúl Centeno, de 24 años, y Fernando Trapero, de 23, fueron asesinados a balazos en su automóvil por un comando de ETA, integrado por dos hombres y una mujer, en el aparcamiento de una cafetería de Capbreton, en el suroeste de Francia.


La madre del guardia civil Centeno pediría la pena de muerte para los etarras


Por su parte, la madre del guardia civil Raúl Centeno, asesinado por ETA en diciembre de 2007 en el suroeste de Francia, dijo este martes en la apertura del juicio que espera que les caiga "la máxima pena" y, que si por ella fuera, "pediría la pena de muerte".


"Yo pediría la pena de muerte, yo les aplicaría la ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente" y si eso no se puede "la máxima pena", es decir, "la perpetuidad", señaló Blanca Esther Bayón González a la prensa en un receso del proceso ante el Tribunal de lo Criminal de París.


Fernando Trapero Gómez, padre del otro guardia civil asesinado en Capbreton, Fernando Trapero Blázquez, se limitó a responder con un "ya se lo imaginan" cuando se le preguntó cómo se sentía al tener enfrente en la sala de audiencias a los presuntos responsables del crimen cometido el 1 de diciembre de 2007.


La primera sesión del juicio, que comenzó con más de una hora de retraso, estuvo en parte dedicada a dos demandas de la defensa de los siete acusados, que fueron rechazadas por el tribunal.


La primera se refería a la anulación del procedimiento referido a la supuesta arma del crimen, encontrada en octubre de 2009 en un zulo de ETA, que los abogados reclamaban por considerar que se les había informado muy tarde (formalmente el pasado 20 de marzo), y que habían sido de un trato desigual respecto a la fiscalía.


La presidenta, Xavière Simeoni, en la lectura del dictamen, explicó que se informó a las dos partes simultáneamente de las conclusiones del suplemento de información referida a ese arma, y que en cualquier caso esas conclusiones podrán ser objeto de debate durante el proceso, que está programado para que dure cuatro semanas.


Simeoni también indicó que se había denegado la liberación preventiva de Asier Bengoa López de Armentia que había formulado su abogado porque "no hay ningún elemento nuevo" que lo justifique y "no hay garantía de representación" de ese etarra.


Bengoa estuvo sentado esta mañana en el banquillo de los acusados junto a Saioa Sánchez Iturregui, Ibón Goieaskoetxea Arronategi y Eider Uruburu Zabaleta, mientras que unos tres metros separados de éstos estuvieron los presuntos exdirigentes etarras Mikel Carrera Sarobe, 'Ata' y Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'.


Iratxe Sorzábal Díaz es la única que no se sienta en el banquillo de los acusados, ya que sigue en busca y captura, y será juzgada en rebeldía.


'Ata', con Bengoa y Sánchez Iturregui, están imputados en particular por asesinato premeditado, ya que -de acuerdo con la investigación- fueron los tres integrantes del comando que mató a los guardias civiles cuando desarrollaban su misión en la lucha antiterrorista en el suroeste de Francia.


Seis familiares de los agentes, incluidos los padres, acudieron a la audiencia en su calidad de acusación particular. Junto a ellos estuvo Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997.