La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, por los mismos motivos por los que ingresó en la cárcel hace justo un año y de la que salió bajo fianza en octubre del 2012.

Guerrero ha subido a un furgón de la Guardia Civil que le esperaba a las puertas del juzgado donde ha prestado declaración ante la juez Alaya durante tres horas y a las 20.30 ha salido camino de la prisión de Sevilla, según ha confirmado a los periodistas su abogado, Fernando de Pablo.

El letrado, al ser preguntado por los motivos del ingreso en prisión de Guerrero, ha exclamado "si yo no me lo explico, difícilmente se lo puedo explicar a ustedes", y a la pregunta de si considera que la juez Alaya abusa de la prisión preventiva, ha contestado que se reserva su opinión pero ha añadido que no se actúa de la misma forma en otros "casos mediáticos".

Al ser cuestionado sobre si a Guerrero se le han imputado nuevos cargos, De Pablo ha respondido que no puede dar más detalles por encontrarse la causa en secreto de sumario pero ha insistido en decir que se le acusa de los mismos delitos por los que ya ingresó en prisión hace un año, que son cohecho, prevaricación, falsedad documenta, malversación de caudales públicos.

Guerrero se encontraba en el edificio de los juzgados citado por Alaya desde las 10.00, aunque empezó a prestar declaración minutos después de las 14.00 y prosiguió hasta las 17.00, momento en el que le dieron permiso para salir al exterior del edificio y fumarse un cigarrillo en compañía de su abogado.

Para entonces, el fiscal anticorrupción ya había solicitado el nuevo ingreso en prisión de Guerrero ante el riesgo de fuga, la posibilidad de alterar pruebas y de contactar con otros implicados en la causa.

A preguntas de los periodistas sobre qué le parecía esa petición, Guerrero, con gesto serio y tranquilo, dijo que "contra el vicio del pedir, la virtud de no dar".

Ante la juez Alaya también prestará declaración hoy el exdirector de Vitalia, Antonio Albarracín, otro de los implicados en la nueva fase del caso de los ERE reactivado por la magistrada.

En total, han sido detenidas, de momento, veintidós personas en diferentes partes de España, la mayoría relacionadas con empresas mediadoras de estas ayudas.