Consejo de Ministros

El Gobierno estudia endurecer la jubilación anticipada y parcial

Se retrasará progresivamente a 63 años la edad del retiro anticipado para los que hayan sido despedidos y a 65 para los que se vayan voluntariamente.

El real decreto ley que endurece la jubilación anticipada y la jubilación parcial estará este viernes en la mesa del Consejo de Ministros que, probablemente, lo aprobará, según las fuentes consultadas. El tiempo se echa encima porque el 31 de marzo concluye la suspensión por tres meses de la entrada en vigor en lo que atañe a estas dos figuras de la ley de reforma de las pensiones que empezó a aplicarse en enero, y solo restan dos Consejos de Ministros, incluyendo el de este jueves.


En esta reforma parcial del sistema de jubilación se han vuelto a cruzar posiciones distintas entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por una parte, y los Ministerios de Economía y Hacienda por otra. El área de Seguridad Social era partidaria de no endurecer en exceso las condiciones de acceso a la jubilación anticipada.


Casi la mitad de los que se jubilan lo hacen de forma anticipada y es una fórmula que está siendo utilizada por las empresas para realizar reducciones de plantilla menos traumáticas; la última en hacerlo ha sido Iberia al aceptar la propuesta del mediador. El objetivo del Gobierno es retrasar la edad de jubilación anticipada en línea con el retraso en la edad legal de la jubilación normal, pero manteniendo mejores condiciones para los que accedan de forma forzosa al retiro anticipado porque hayan sido despedidos.


La edad de jubilación ordinaria se retrasa desde los 65 años hasta los 67 años de forma progresiva durante un periodo transitorio que concluye en 2027. De la misma manera, la edad para la jubilación anticipada forzosa se irá retrasando progresivamente desde los 61 años hasta los 63 años , mientras que la edad para la jubilación anticipada voluntaria se incrementará desde los actuales 63 años hasta los 65 años. Por ejemplo, este año la edad legal de jubilación es de 65 años y un mes, la de jubilación anticipada forzosa será de 61 años y un mes y así irá aumentando progresivamente cada año.


Para jubilarse anticipadamente se exigirán 33 años cotizados, que también irán subiendo en el tiempo, según las fuentes consultadas.


No obstante, hay una particularidad en el procedimiento y es que la ley en vigor permite que los que han cotizado por encima de un determinado número de años (38 años y medio al final del periodo transitorio) sigan jubilandose a los 65 años de forma ordinaria. En coherencia con ello también debería permitirse la jubilación anticipada a los 61 o 63 años si se han cotizado los años suficientes. Este es uno de los puntos más debatidos.


Reducir la pensión


También se modifican los coeficientes reductores para penalizar la jubilación anticipada voluntaria. En la ley actual, la cuantía de la pensión se reduce un 7,5% por cada año que el trabajador se jubile antes de la edad legal si ha cotizado menos de 38 años y medio; si ha cotizado más de ese tiempo el importe de la pensión se reduce un 6,5% por cada año de adelanto. Esos coeficientes pasarían a cuatro tramos, entre el 6% para los que han cotizado más de 45 años, el 6,5% de 42 a 44 años, el 7% de 39 a 41 años y el 7,5% por debajo de 38 años.


Respecto a la jubilación parcial, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social considera que es muy costosa para el sistema y elevará la jornada mínima que debe realizar el jubilado parcial -del 25% al 50% de jornada laboral-. También se permitirá compatibilizar el cobro de la pensión con ingresos por trabajo a partir de los 67 años conuna pequeña cotización «de solidaridad».


El Gobierno aprobará el endurecimiento de la jubilación anticipada por real decreto ley y, de hacerlo este jueves, sin haber consultado el texto definitivo con el Pacto de Toledo. Tanto los agentes sociales como los grupos parlamentarios censuran esta forma, habitual ya, de actuar del Gobierno por considerar que una reforma del sistema de pensiones debería tramitarse como proyecto de ley. Por eso, reclamarán que el decreto se envíe al Parlamento, aunque la mayoría absoluta del Partido Popular le permite aprobarlo sin necesidad de alcanzar un pacto.