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Propuestas contra la corrupción

PSOE, Izquierda Plural y UPyD piden que la Casa del Rey se someta a la Ley de Transparencia

Proponen ampliar el ámbito subjetivo de la norma para que incluya a todas las instituciones públicas.

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han utilizado sus propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación para reclamar formalmente que la Casa del Rey esté sometida a la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen Gobierno que se tramita en el Congreso. 

Los socialistas han incluido esta medida entre sus propuestas para hacer frente a la corrupción política. En concreto, demandan que la Ley de Transparencia se aplique además de la Jefatura del Estado, a los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicales y "cuantas organizaciones, entidades y empresas que dispongan de financiación pública equivalente al 40% al menos de sus ingresos".

También menciona expresamente en sus resoluciones a la Casa del Rey el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que exige que se dote de "transparencia absoluta" no solo a la "actividad pública" de la Casa Real, sino también a la "privada".

Unión, Progreso y Democracia ha centrado en la futura Ley de Transparencia una de sus 15 propuestas de resolución. Entre otras cosas también apuesta por ampliar el ámbito subjetivo de la norma para que incluya a todas las instituciones públicas, Casa Real incluida, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, "y cualquier otra institución o empresa que reciba fondos públicos o esté controlada por las administraciones públicas".

El BNG pide debatir la situación de la Corona

También CiU pide extender la norma "a todas las instituciones y entidades que se financien a través de los Presupuestos Generales del Estado", pero, en su caso, no cita expresamente la Jefatura del Estado.

El BNG, por su parte, pide abrir un debate sobre la "situación de la Corona" dentro de la reforma de la Constitución que plantea para "el reconocimiento de la soberanía de las naciones reconocidas ya como nacionalidades históricas".

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