La exnovia de Pujol denuncia escuchas y pide protección

La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, ha enviado un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid en el que denuncia la interceptación de sus comunicaciones, incluidas conexiones en el wifi de su domicilio, y pide protección porque teme por su integridad física.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, Álvarez manifiesta al Juzgado que ha tenido conocimiento de que "durante un periodo de tiempo que no puedo determinar se han manipulado e interceptado de manera totalmente ilegal mis comunicaciones de toda clase, tanto telefónicas, como telemáticas, vulnerando mi intimidad sin mi consentimiento".

Álvarez asegura al juez que "se me han realizado una serie de conexiones a través de mi wifi, provocando un ataque por fuerza bruta denominado WASH, habiéndose apropiado de todos mis datos, privados y personales, así como los profesionales".

También explica al juez que ha tenido conocimiento por diversos medios de comunicación que han podido ser grabadas ilegalmente conversaciones suyas estrictamente personales y privadas.

"Al parecer, he sido objeto de seguimiento, control y vigilancia por entidades privadas y personas, sin mi conocimiento ni consentimiento, (...) pretendiendo así obtener y extraer de forma ilegal información y datos referentes a la relación que mantuve en su día con el señor Jordi Pujol Ferrusola y sus actividades", añade el escrito.

Tras recordar que ella es la denunciante del proceso que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid (diligencias previas 141/2012-W) por las actividades financieras del hijo del expresidente catalán, Álvarez denuncia que los seguimientos y escuchas son una "presión y coacción sobre mi persona con clara tendencia intimidatoria".

"Es evidente -añade- que todo este actuar limita mis movimientos, incluso tiene como objeto impedir el ejercicio de derechos fundamentales, intentando influir directamente para modificar mi actuación procesal".

El escrito, que lleva fecha de 13 de febrero, acompaña un informe de una empresa de seguridad que concluye que "ha habido intención de captura de datos personales en mis comunicaciones".

Álvarez dice que pone en conocimiento del juez todos estos hechos porque considera que son constitutivos de varios delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad de domicilio, además de un delito continuado de coacciones y de otro de obstrucción a la justicia.

La afectada pide al juez que esclarezca los hechos y "en su caso depure las responsabilidades de todo orden a que haya lugar en derecho" y que "adopte todas y cuentas medidas sean necesarias al objeto de proteger mi derecho a la libertad, derecho al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal de mi vida".

Esta petición de protección se debe, según Álvarez, a que entiende que toda esta situación "afecta de manera directa a mi seguridad e incluso pudiendo estar en peligro mi integridad física".