El Gobierno valenciano ha autorizado a la abogacía de la Generalitat valenciana a personarse en el caso Nóos que se instruye por el posible desvío de fondos públicos de la Comunitat Valenciana y Baleares al Instituto Nóos y en el que figuran como imputados Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. 

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Císcar, quien ha dicho que de esta manera "se garantiza que cualquier euro percibido indebidamente por el Instituto Nóos vuelva a la Generalitat".

Císcar ha señalado que la decisión se toma después de que el miércoles se les notificara el auto del juez instructor del caso, José Castro, que fijó una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones para Iñaki Urdangarin y Diego Torres e indicaba a la Generalitat la posibilidad de adherirse a dicha reclamación de fianza.

El vicepresidente ha afirmado que la Generalitat ha optado por personarse únicamente como actor civil, y aunque no ha descartado la posibilidad de optar en un futuro por la vía penal, ha dicho que "tendrían que darse circunstancias muy excepcionales".

La vía penal, ha explicado, la ejercen el Ministerio Fiscal y una acusación particular, y ha señalado que suponiendo que ambos decidieran no ejercerla, la Generalitat, que está personada en la causa, la ejercería "si conviniera y hubiera motivos".

Císcar ha insistido en que "la absoluta prioridad" del Gobierno valenciano es recuperar el dinero que "indiciariamente parece que de forma ilícita salió de las arcas de la Generalitat porque había una fundación que estaba engañándonos. Entendemos que solo tenemos materia para una personación civil y aplicamos el sentido común".

El vicepresidente ha defendido que el convenio firmado entre la Generalitat y el Instituto Nóos para la organización de los Juegos Europeos es "administrativamente correcto" ya que está avalado por la Abogacía de la Generalitat.

Ha recordado que este convenio se firmó por tres millones de euros, de los que únicamente se pagaron 380.000, ya que, según Císcar, se abonaron algunas facturas que "se veía que formaban parte del objeto del contrato", mientras que se decidió no abonar otras que "no formaban parte del objeto del contrato".

Lo que no sabía entonces la Administración valenciana, ha añadido, es que las facturas autorizadas "podían estar duplicadas y que al mismo tiempo que se pasaban a la Generalitat, se pasaban también al Gobierno balear".

Ha indicado que el auto del juez Castro "no desmonta" lo que dice el informe de la Abogacía de la Generalitat porque todo lo que plantea el auto es "a modo indiciario", al tiempo que ha señalado que el único cargo público imputado en relación con la firma de ese convenio, ya no lo está.

Císcar ha reiterado que la vía civil es la que más conviene a la Generalitat porque su interés es "recuperar el dinero que ilícitamente pudo haber ido a la fundación Nóos y que salió de las arcas de la Generalitat".

Asimismo, ha negado que se haya descartado la vía penal por estar imputado en la causa un miembro de la Casa del Rey, al ser preguntado por esta cuestión, y ha insistido en que lo que quiere la Generalitat "es rescatar el dinero que supuestamente se han cobrado de manera ilegal o ilícita".

Preguntado sobre si le gustaría que el Ayuntamiento de Valencia también se personara en la causa, ha respondido que el Consistorio "tiene que tomar sus decisiones" y tienen asesores que aconsejarán "lo mejor", mientras que la responsabilidad del Consell es "defender los intereses de la Generalitat".