La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha alertado de que la reforma prevista para este órgano puede transformarle en "una especie de Dirección General del Ministerio de Justicia", que así podrá dirigir la política judicial en la forma que más convenga a sus intereses.

Esta advertencia sobre el "menoscabo" de "la independencia de jueces y magistrados" que puede suponer esta reforma, la ha plasmado Robles en el informe que ha hecho llegar a la Comisión de Estudios del CGPJ, que en su reunión del lunes debe decidir si lo eleva al pleno de este órgano para su aprobación definitiva o si lo modifica.

Para Robles, el anteproyecto de ley que sustenta esta reforma, auspiciada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, supone "un desapoderamiento de importantes funciones que la normativa hoy vigente ha otorgado al CGPJ como medio para garantizar la independencia de jueces y magistrados".

"Estas funciones pretenden otorgarse al Poder Ejecutivo, reduciendo el CGPJ a su mínima expresión y atribuyendo al Ministerio de Justicia la potestad reglamentaria (...) facilitando de ese modo la posibilidad de controlar y condicionar su funcionamiento", lamenta la vocal en su informe.

Ello supone un retroceso "en el ámbito de la salvaguardia de la independencia del Poder Judicial a tiempos anteriores a la Constitución", destaca el informe, que duda de este modo incluso de la constitucionalidad de la reforma.

Una "justicia politizada"

En cuanto a la medida de que los vocales hagan simultáneo el ejercicio de sus labores profesionales con su cargo en el CGPJ, Robles cree que con ello "la apariencia de independencia e imparcialidad puede verse afectada cuando los vocales de origen judicial hayan de resolver asuntos de especial relevancia social, política o económica, ya que su nombre aparecerá indefectiblemente unido al grupo parlamentario que haya propuesto su designación".

"Esa quiebra de la mera apariencia de independencia e imparcialidad es aún más preocupante cuando se trate de magistrados del Tribunal Supremo", por tratarse de la última instancia jurisdiccional.

Aun no habiendo dudas de que los vocales elegidos "desempeñarán la jurisdicción con el más escrupuloso respeto a la ley", Robles cree que "la apariencia que se generará contribuirá a acrecentar la imagen, desgraciadamente ya consolidada, de una justicia politizada y a mermar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial".

Tampoco entiende la vocal que se siga "sin permitir que el Consejo administre los medios materiales necesarios para el funcionamiento de los órganos judiciales", competencia en manos del los gobiernos estatal y autonómicos, cuando el CGPJ es "el órgano que mejor conoce las auténticas necesidades de la justicia".

Mantener así las cosas impide "dar respuesta con la urgencia necesaria a situaciones de sobrecarga de trabajo en muchos órganos judiciales".

Robles, que refrenda que sea el Congreso y el Senado los que elijan a los vocales, es sin embargo crítica con el procedimiento de designación de los candidatos de origen judicial y en el que la reforma ha quitado peso a las asociaciones judiciales, ya que permite que el juez que se quiera presentar pueda hacerlo con el aval de 25 miembros de la carrera o con el de una asociación.

En este punto, indica que no queda claro si esos 25 avales pueden proceder de miembros asociados y considera "sorprendente" que cada juez "individualmente considerado (con la indefinición de si se refiere a todos los miembros de la carrera o sólo a los no asociados) puede avalar hasta un máximo de 12 candidatos, al igual que cada una de las asociaciones".

"La conclusión final es que se crea una desigualdad evidente favorable a los no asociados, ya que siendo cuatro las asociaciones judiciales legalmente constituidas, únicamente podrían éstas avalar a un total de 48 candidatos, mientras que los casi 2.000 jueces no asociados podrían hacerlo cada uno de ellos a 12 candidatos".