Cataluña

El Gobierno no descarta nada para hacer frente a la amenaza secesionista

El Ejecutivo apunta a la inhabilitación de Artur Mas y la intervención, política o económica, de Cataluña

El Gobierno está preocupado por el escenario que ha abierto en Cataluña el pacto de gobernabilidad entre CiU y ERC. Y no solo por la amenaza de resquebrajamiento del Estado que supone la apuesta por un referéndum sobre la independencia, sino por el impacto que las políticas acordadas puedan tener en las cuentas públicas. Sin aspavientos, pero con contundencia, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dejó hoy caer que el Estado dispone de todos los instrumentos necesarios para impedir una ilegalidad. Y, desde Hacienda, se avisa de que Artur Mas recibirá una carta con un listado de nuevos «deberes» en cuanto tome posesión de su cargo. 


Nadie lo dice aún abiertamente, pero la amenaza de una inhabilitación sobrevuela el ambiente. Y también la de la aplicación, por primera vez en la historia, del artículo 155 de la Constitución que, previa autorización del Senado, permite al Gobierno central tomar las riendas de una autonomía díscola. Eso en lo que se refiere a la política. Pero también en lo económico, ronda la sombra de una intervención. Aunque el Ejecutivo asegura confiar en no tener que llegar ni a uno ni a otro extremo, es ya evidente que las relaciones entre la Administración central y la autonómica serán tensas y difíciles desde el primer día de la nueva legislatura catalana.


De entrada, el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional el impuesto sobre la banca aprobado el martes por Mas, aún presidente en funciones. Es un gravamen similar al que tenían planteado Extremadura, Andalucía y Canarias y al que se ha hecho frente a través de una enmienda del PP en el Senado a la ley de medidas tributarias, mediante la que se crea un impuesto de tipo cero sobre los depósitos bancarios. Pero la batalla no acabará ahí.


El Ejecutivo asegura que mirará con lupa el paquete de medidas tributarias que pretende poner en marcha el futuro Gobierno catalán, entre ellas la reducción del mínimo exento del impuesto de patrimonio, un aumento del tributo a las grandes superficies o un impuesto a los distribuidores de bebidas con alto contenido en azúcar, y advierte de que actuará si considera que se altera la unidad de mercado. En el caso de la tasa a las centrales nucleares lo tiene claro.

Liquidez


En el ministerio que dirige Cristóbal Montoro se alega, por otro lado, que el presidente de la Generalitat parece haber «tirado la toalla» en su intento de controlar el défitic. En septiembre Cataluña había gastado ya el margen de déficit que tenía para 2012 y el Govern ha anunciado que no cumplirá el 0,7% del PIB fijado como tope para 2013. De ahí que Hacienda esté preparando una carta con una serie advertencia. Está en juego, avisan, el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica. Dicho de otro modo, si Cataluña no cumple se le cortará el grifo y se pondrán en marcha los mecanismos de la ley de estabilidad presupuestaria.


Sáenz de Santamaría eludió ser tan explícita. Y tampoco Montoro quiso agitar públicamente los ánimos. Mariano Rajoy optó por una respuesta de perfil moderado ante el reto que tiene por delante. De hecho, su única referencia al asunto este miércoles fue durante un debate sobre el último Consejo Europeo. Y en él se limitó a subrayar que el secesionismo va «en contra del signo de los tiempos». «En Europa de lo que se habla es de uniones, no de otras cosas -dijo-. De separación, de división, no se habla mucho y tampoco es algo que genere entusiasmo; entre otras cosas, porque va en contra de su propio proceso de integración»