Justicia

Doscientos jueces protestan por el indulto a cuatro Mossos condenados por torturas

Los magistrados afirman que se hace un uso "desviado" de las medidas de gracia, mientras Gallardón responde que su aplicación es decisión es del Ejecutivo.

El ministro de Justicia afirma que las excepciones al perdón no eran aplicables al caso.
200 jueces protestan por el indulto a cuatro Mossos d'Esquadra condenados por torturas
EFE/J.J. GUILLÉN

Cerca de 200 jueces han firmado un manifiesto criticando el uso "grosero y desviado" de la institución del indulto por el Gobierno tras la concesión de la medida de gracia a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra. Al respecto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha respondido que el perdón es potestad del Ejecutivo y no del judicial.


Los cuatro agentes de la policía autonómica habían sido condenados por torturas conmutándoles los dos años de prisión por 7.200 euros de multa pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre.


Por ello, los jueces han coincidido en que la actuación del Ejecutivo "supone un menosprecio a los miles de agentes de Policía que cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía".


Además, creen que lo acordado en el último Consejo de Ministros supone un "ejercicio abusivo" de la facultad del indulto y "una afrenta al Poder Judicial" y "una actuación contra la dignidad humana" al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio.


Para los firmantes, proteger los derechos de la ciudadanía "es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático" y que reducir penas como aquellas a las que fueron condenados los agentes autonómicos "parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial".


Los jueces recuerdan que el indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena y que solo se justifica "cuando el cumplimiento de aquella no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada".


Por todo ello, han insistido en que "no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido" en el caso del acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. "Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana -han añadido- conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución".


En el mismo sentido se ha manifestado la asociación Jueces para la Democracia (JpD), en un comunicado remitido este jueves, en donde han criticado que "todavía resulta más censurable que el indulto se aplique a conductas que representan un uso inaceptable del poder del propio Estado, cuando se dedica a través de sus agentes a infringir un trato degradante, como en el caso de las torturas".


Asimismo, la asociación ha agregado que al aprobar este tipo de medidas, que reiteran otras anteriores, "el Gobierno renuncia a la persecución penal efectiva de actos gravemente lesivos de la dignidad humana".


JpD ha dejado claro que el número creciente de indultos afecta cada vez más a cargos públicos y a policías, "con lo que las medidas de gracia se están convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a si mismo".



Gallardón responde a los jueves


Gallardón, al ser preguntado al respecto en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, ha respondido, "respetando las coincidencias o discrepancias", que de ninguna manera "otros poderes del Estado pueden asumir competencias que no son suyas porque la Constitución se las da al Gobierno de España y el indulto no es una facultad del Poder Judicial, sino que es una facultad del Poder Ejecutivo".


Asimismo, ha destacado que el derecho otorga al Gobierno de España la facultad de "poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en aquellos supuestos donde está justificado" y que las excepciones establecidas en la legislación sobre la concesión del perdón "no eran aplicables" al caso de los cuatro mossos.


Sobre el asunto, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares ha señalado que "cuando se utiliza el indulto ante un doble rechazo por parte de los tribunales, que consideran responsables a unos mossos de torturas, estamos en el terreno de la prevaricación por parte del Gobierno y del Ministerio de Justicia".


A su juicio, este caso pone de relieve la "utilización de una Justicia paralela, una Justicia política, una Justicia que exime a los torturadores" y que se convierte en una Justicia "inaccesible e inaceptable porque es radicalmente injusta".


Desde el PSOE, el portavoz en la Comisión de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, ha advertido de que "un atropello excesivo que se considera tortura no puede ni debe ser indultado en una democracia sana como tiene que ser la nuestra".


En los pasillos del Parlamento, ha recordado que los socialistas presentaron el pasado septiembre una proposición no de ley sobre la concesión del perdón por parte del Ejecutivo, que será debatida "próximamente" en el Pleno.


404 indultos este año


El Gobierno ha concedido hasta el 31 de octubre de este año 404 indultos, un 6,8 % de los 5.863 pedidos en esos meses, un porcentaje que está en la línea del 6,4 % de media registrado en los últimos doce años.


Desde 2001 las peticiones han ido variando entre las 4.533 registradas en 2002 y las 7.748 de 2005, cuando se contabilizó el mayor número.


El porcentaje más alto de indultos concedidos por el Gobierno se registró en el año 2007, cuando se dieron 521 de los 4.628 solicitados (el 11,2 %), y el menor fue en 2004, con 307 de los 8.140 pedidos (el 3,7 %).