El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el PP han vuelto a defender este jueves las tasas judiciales, que según la Agencia Tributaria serán efectivas antes de fin de año, frente a la oposición del resto de partidos y del sector afectado, representado por el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner.

Ruiz-Gallardón ha defendido este jueves la constitucionalidad del aumento de las tasas judiciales y los beneficios que supondrá para la justicia gratuita frente a las críticas de quienes, ha dicho, quieren mantener "el antiguo régimen".

El ministro ha asegurado que, pese a las críticas recibidas, el Ejecutivo va a cumplir su compromiso de hacer de la Justicia un servicio más eficiente que ayude a aumentar la competitividad, la inversión y la creación de empleo.

Con él ha coincidido el portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha asegurado que la entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales contribuirá a "desatascar" la Justicia.

Rechazo de consumidores y profesionales

Los apoyos han terminado ahí. El sector de la Justicia en pleno se ha opuesto, empezando por el Presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, quien ha señalado que la ley es "difícilmente explicable", aunque los jueces están "obligados a cumplirla y hacerla cumplir". 

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha sido menos claro y ha deseado "un equilibrio entre la atención de un servicio público y que nadie pague por lo que no está utilizando".

A Moliner se han sumado jueces, abogados y procuradores de diferentes comunidades autónomas, quienes han coincidido en su rechazo con los consumidores, representados por la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha tachado la medida de "recaudatoria y disuasoria", y por FACUA, que promoverá una recogida de firmas.

También el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha incidido en rechazar las tasas y las ha calificado de "verdadera chapuza" antes de anunciar que los abogados seguirán con sus acciones de protesta.

La asociación de jueces Francisco de Vitoria ha calificado también de "chapuza" la medida mientras que Jueces por la Democracia ha destacado "el consenso social, político y profesional que ha suscitado el rechazo de la norma".

En el ámbito autonómico la Junta de Andalucía estudia un recurso de inconstitucionalidad contra la ley por vulneración de la tutela judicial efectiva.

Mientras, el Instituto Vasco de la Mujer -Emakunde- ha alertado de que las tasas impedirán que muchas mujeres maltratadas puedan tramitar sus divorcios, por no tener ingresos para costear el proceso administrativo.

Sin embargo, el presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, ha confiado en que la subida de tasas judiciales ayude a resolver el "exceso de litigiosidad" que hay en España.

Feijóo plantea meditar algunas tasas

La oposición también ha declarado la guerra a la ley de tasas. El PSOE que anunció este miércoles un recurso de inconstitucionalidad, ha puesto este jueves en marcha una batería de iniciativas parlamentarias para que el presidente Mariano Rajoy "rectifique".

Por su lado, la Izquierda Plural se ha dirigido por escrito a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que las recurra al considerar que deja a los ciudadanos "sin tutela judicial efectiva", según ha explicado su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares.

Incluso dentro de las filas populares ha surgido alguna voz de advertencia. El presidente de la Xunta gallega en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la posibilidad de "meditar" sobre el incremento de algunas tasas judiciales.

Aunque ha calificado de "muy buen" ministro al titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado que entiende el "escepticismo" o el "descontento" de abogados y procuradores sobre la modificación legislativa.

La responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha lamentado que el Gobierno haya aprobado "de forma acelerada" la ley y ha anunciado que su organización hará un seguimiento de su impacto en la ciudadanía.

En funcionamiento a fin de año

Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la subida de las tasas judiciales, la orden ministerial que pondrá en marcha ese cobro, que gestionará Hacienda, no entrará en funcionamiento hasta final de año.

A partir de entonces los ciudadanos, en sus relaciones con la Justicia, tendrán que pagar en concepto de tasas entre 100 euros, por la reclamación de una deuda, hasta 1.200, si se recurre ante el Tribunal Supremo.