La Fiscalía apunta a la "desviación de poder" de las Administraciones públicas

La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito que ha presentado este miércoles ante el juez instructor del caso Nóos para solicitar una fianza civil de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y sus sociedades, apunta a "una conciencia irrefutable de las desviaciones de poder" en la actuación de las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana única y exclusivamente para beneficiar al Instituto Nóos.

Así lo manifiesta el fiscal Pedro Horrach en un escrito en el que subraya que "el ejercicio arbitrario del poder es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora", y asevera que los convenios de colaboración suscritos entre ambas Comunidades y Nóos son "fruto de una actividad delictiva predeterminada" así como de decisiones adoptadas mediante "un ejercicio abusivo de poder".

Todo ello con la única finalidad de "beneficiar a una determinada entidad", en alusión a Nóos, "al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública". Tal y como precisa Horrach, los representantes de las Administraciones, en el caso de Baleares bajo el último mandato de Jaume Matas y en el de la Comunidad Valenciana con Francisco Camps como presidente, tomaron decisiones administrativas "arbitrarias e injustas", adoptadas "al margen de cualquier expediente administrativo".

De esta forma, los responsables políticos pactaron de forma verbal con los representantes de Nóos la celebración de los congresos denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit, que el Instituto comenzó a organizar y desarrollar, según el fiscal, "con anterioridad a la formalización de los propios convenios de colaboración".

En este contexto, el representante de la acusación pública asevera cómo la inexistencia de los correspondientes expedientes administrativos tuvo como consecuencia directa "la vulneración reiterada y flagrante" de numerosas exigencias legales que "debían imperativamente respetarse y que se obviaron para conseguir los ilícitos objetivos predeterminados".

Es más, el fiscal alude a la utilización "fraudulenta y deliberada" de la figura del convenio "para eludir la aplicación de la Ley de contratos del sector público", puesto que en el caso de las contrataciones investigadas "no podía legalmente utilizarse dicha figura", sino que el hecho de que Nóos participase en la organización de congresos a cambio de una contraprestación económica conlleva a que el objeto del acuerdo sea un contrato.

Solicitan una fianza de 8,2 millones para Urdangarin y Gómez 

La Fiscalía Anticorrupción solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarin, su exsocio Torres y las empresas administradas por ambos y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.

Se trata de una caución a la que, si la acuerda el magistrado, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.

En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. Sin embargo, ni Urdangarin ni Torres serán los únicos para quienes el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que se reclamará en una nueva caución para otros imputados, según fuentes de la investigación a Europa Press.

Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse.

Sobre esta fianza se ha pronunciado el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, asegurando que le parece "exagerada". En declaraciones a los medios no ha descartado que el Duque de Palma tenga que embargar sus propiedades para hacer frente a la fianza por responsabilidad civil.

Manos Limpias solicita la misma fianza 

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también ha presentado su escrito, de 30 páginas, en el que pide la misma cantidad que la Fiscalía y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.

Una "auténtica trama urdida para desviar fondos a su beneficio", incide Manos Limpias, que desglosa su petición de fianza al igual que la Fiscalía.

No obstante, el sindicato plantea como petición alternativa una fianza civil de 5,9 millones de euros de los que presuntamente se apropiaron los encausados a través de esta trama, urdida al aprovechar Urdangarin, tal y como postula Manos Limpias, su condición de miembro de la Casa Real para contactar con distintas personalidades políticas "de primer orden" a fin de dar a conocer sus "proyectos".

Unas iniciativas que planteaban a las Administraciones para que éstas pusieran en marcha los mecanismos administrativos dirigidos a "vestir el santo" y maquillar las contrataciones para aparentar que fueron tramitados de forma legal, a pesar de que, en realidad, "no respondían a ni una sola de las normas administrativas" como tampoco a ningún interés público.

Tan sólo, prosigue el escrito, buscaban "el beneficio propio" del Duque de Palma y de los instrumentos que utilizó para ello, en referencia al Instituto Nóos. La acusación popular detalla así las "más que suficientes pruebas" que a su juicio demuestran que tanto el marido de la Infanta Cristina como Torres cometieron los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros ilícitos penales.