El Tribunal de Cuentas detecta en el último informe de fiscalización del sector público autonómico, que se encuentra en el Congreso para su debate, irregularidades en la contratación pública, tramitaciones indebidas y falta de sanciones a los contratistas por incumplir la normativa.

Este informe, que expone la gestión del gasto de las autonomías entre los años 2006 y 2007, también recoge que el endeudamiento financiero de las empresas públicas autonómicas entre 2006 y 2007 ascendió a 23.051 millones de euros.

El informe desglosa que en 2006 el endeudamiento de las empresas públicas autonómicas fue de 11.210 millones de euros y de 11.841 millones en 2007, a falta de los importes de las sociedades del País Vasco y Madrid por lo que el saldo final aún es mayor.

En el informe, el Tribunal sostiene que en el período analizado se mantiene "la situación deficitaria" del sector empresarial autonómico con pérdidas que para el conjunto de las comunidades autónomas alcanzaron los 2.861 millones de euros en 2006 y 3.516 millones en 2007.

Esto motivó, a juicio del Tribunal, una creciente concesión de subvenciones y ayudas públicas.

Por ello, el Tribunal estima que "el notable número de entes públicos autonómicos (empresas públicas, fundaciones y consorcios) requiere una mayor exigencia tanto para justificar la creación de nuevas entidades como para garantizar una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos".

En relación a las irregularidades en la contratación pública, el Tribunal de Cuentas estima que los contratos se fraccionan indebidamente "con la finalidad de tramitarlos por procedimientos negociados sin publicidad y para eludir los principios de transparencia y publicidad de la contratación pública".

También asegura que se abusa de la tramitación de urgencia de los expedientes y de la adjudicación por concurso en detrimento de la subasta, a pesar de ser esta última la forma ordinaria de adjudicación de las obras públicas.

El informe aprecia "frecuentes retrasos" en la concesión de prórrogas sin que ello comporte para los contratistas las sanciones previstas en la ley.

El Tribunal también critica que el Ministerio de Economía y Hacienda siga sin implantar la información de carácter público sobre el endeudamiento financiero de las administraciones autonómicas y los organismos dependientes de las mismas.

Además, el Tribunal denuncia que algunas comunidades autónomas incluyen indebidamente en sus presupuestos el importe correspondiente a las corporaciones locales por su participación en los ingresos del Estado.

En cuanto a la situación patrimonial de las administraciones generales se observan inventarios de bienes y derechos incompletos, bienes sin valorar o indebidamente valorados, además de falta de concordancia entre los datos contables y los del inventario.