La Asociación Española de Banca (AEB) aseguró este jueves que "entiende" la razón que ha llevado al Gobierno a tomar medidas que atenuen los desahucios, pero ha puesto en evidencia que el coste recaerá "exclusivamente" en el sector.

El Gobierno anunció este jueves un paquete de medidas que permitirá paralizar los desahucios durante dos años a las familias con bajos ingresos (un máximo de 19.164 euros al año) y en situaciones extremas, como estar en paro, contar con hijos pequeños, dependientes o minusválidos.

Además, ha anunciado la creación de una bolsa con una parte de las viviendas que tiene adjudicadas la banca, para que pueda destinarse a alquileres sociales con bajos precios para familias desahuciadas.

La AEB ha emitido un comunicado el que reconoce que comparte con el Gobierno "la necesidad de proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables y que están más expuestas a los efectos de la crisis económica".

En este contexto, "entiende la decisión que ha adoptado el Gobierno de paralizar temporalmente los desahucios en casos de familias que viven situaciones de particular necesidad".

Pese a este planteamiento, la patronal bancaria "tiene que hacer notar - apunta el comunicado - que el coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito".

El Gobierno ha tomado estas medidas después de haber mantenido en los tres últimos días negociaciones con el PSOE para pactar la iniciativa, lo que al final no ha sido posible por la determinación del partido de la oposición en reformar la ley hipotecaria, lo que llevaría más tiempo.

Algunos expertos consideran que la ley hipotecaria es "decimonónica" y no protege a los consumidores de las cláusulas abusivas de la banca, en tanto que otros piensan que la reforma de la ley crearía inseguridad jurídica y distorsionaría el mercado hipotecario.

Para la AEB, "es necesario hacer compatible la protección a estos colectivos sociales más débiles con un sistema y una legislación que permitan el acceso a una vivienda en propiedad a la mayoría de los ciudadanos".

"Por tanto -añade- confía en que las reformas legales que se proyectan no perjudiquen la consecución de este objetivo".

Ante el anuncio del Gobierno de iniciar con las fuerzas parlamentarias una negociación para pactar medidas de mayor calado que las adoptadas este jueves, la AEB ha reiterado su disposición a colaborar en la tramitación como Ley del Real Decreto-Ley aprobado este jueves por el Gobierno.

En el mismo sentido, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) dijo este jueves en un comunicado que continuará ofreciendo su colaboración en el actual proceso de reforma de la normativa hipotecaria, para "alcanzar un adecuado equilibrio que garantice tanto la necesaria protección de los clientes más vulnerables como la estabilidad financiera".

La CECA, en cualquier caso, valora las medidas anunciadas este jueves por el Gobierno, porque se suman a los esfuerzos que están haciendo las entidades para ayudar a los clientes con refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con carácter voluntario, o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler al deudor.

Por lo que se refiere al proyecto de creación de un fondo de viviendas para alquiler social, las entidades asociadas a la CECA se ofrecen a aportar su experiencia en esta materia, dado que la obra social de las cajas de ahorros disponen de programas contra la exclusión financiera y social.