La Guardia Civil ha imputado a quince responsables de residencias privadas de ancianos de Cádiz por suministrar a los residentes comida procedente de la organización benéfica Banco de Alimentos, a pesar de que pagaban hasta 1.800 euros al mes por su plaza. 

Según ha informado el Instituto Armado, los imputados utilizaban además las tarjetas sanitarias de 68 residentes fallecidos para retirar medicamentos y útiles sanitarios por un valor superior de 9.000 euros.

Los investigadores comprobaron que los responsables de once residencias, repartidas por toda la provincia de Cádiz, llegaron a retirar 140 toneladas de alimentos de ese Banco, que destina los productos a personas necesitadas, una condición que no tenían los residentes que, en algún caso, llegaban a pagar 1.800 euros al mes por la estancia.

La Guardia Civil, que ha acusado a los 15 imputados de delitos de estafa y usurpación del estado civil, comenzó la operación "Pócima" después de que los agentes tuvieran conocimiento de supuestas irregularidades en la retirada de productos sanitarios utilizando tarjetas de pacientes de residencias ya fallecidos.

De este modo, las pesquisas determinaron que no se trataba de una trama organizada, sino de una coincidencia en la forma de gestionar los centros, y que se habrían retirado fármacos por importe de más de 9.000 euros con tarjetas de 66 fallecidos.

Un equipo de inspección de la Junta de Andalucía y el propio Banco de Alimentos han colaborado en la investigación, que ha determinado que diez de las once residencias investigadas proporcionaban a los ancianos comida de la citada organización benéfica.

El Banco de Alimentos es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la consecución gratuita de alimentos de todas clases.

Su distribución posterior se hace también gratuitamente entre entidades benéficas legalmente reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas (disminuidos psíquicos y físicos, ancianos y niños desvalidos, familias marginadas, drogadictos en recuperación o enfermos de SIDA, entre otros).

La Guardia Civil estima en 140.000 kilos de productos de primera necesidad los retirados del Banco de Alimentos de forma fraudulenta.

El instituto armado recuerda que esta organización no negocia con los productos, por lo que su uso en residencias en las que la Junta de Andalucía completa el pago de la plaza de un anciano -éste solo aporta el 75 por ciento de su pensión-, no se corresponde con el espíritu para el que se crean instituciones como el Banco de Alimentos-

Aprovecha la Guardia Civil para reiterar su compromiso con las personas mayores a través de iniciativas como el Plan Mayor Seguridad, con el que se pretende que los ancianos pongan en conocimiento de este cuerpo cualquier problema sobre su seguridad.