El sindicato CCOO amparará a los trabajadores de la Administración de Justicia que aleguen motivos de conciencia para evitar formar parte de las comisiones judiciales que ejecutan los desahucios y "acometer tal atropello contra ciudadanos indefensos" en virtud de "una abusiva y desfasada legislación".

Así lo ha anunciado el sector de la Administración de Justicia de CCOO en una nota de prensa en la que exige además "la inmediata paralización de los desahucios" y critica que "tras la presión social y el drama humano, el PP y el PSOE, responsables ambos de dicha situación, pretendan negociar una solución".

En este sentido, recuerda que "hace bastantes meses se inició una campaña de recogidas de firmas para presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar una Ley Hipotecaria de principios de siglo".

El objetivo de esta iniciativa, auspiciada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Red europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social (EAPN), la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), CCOO y UGT, tenía como objeto "regular la dación en pago -la liquidación de la deuda con la entrega de la propiedad de la vivienda- y que ésta tenga efectos retroactivos".

También proponía la PAH, indica la nota, "la renegociación de las deudas hipotecarias, la cesión de vivienda bajo un alquiler moderado".

Lamenta CCOO que en la situación actual representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia, "quienes por obligación de nuestras funciones legales", sean, "al igual que otros colectivos, el brazo ejecutor de la Ley".

"Tenemos que llamar al timbre de una vivienda y proceder legalmente al desahucio de una familia. Y como ya ha ocurrido, enfrentarnos incluso a un suicidio", destaca el sindicato.

Expone así que a los trabajadores de Justicia "no se nos preparó para eso, no tenemos porqué aceptar callados esa situación, ni tan siquiera porque así lo disponga una ley, cuando su legalidad ha sido incluso puesta en tela de juicio por el Tribunal de Justicia Europeo".

Por todo ello, CCOO exige "al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial y al poder legislativo medidas inmediatas que paralicen los desahucios, y que establezcan los mecanismos necesarios urgentes para que no exista ningún ciudadano más que pierda su vivienda por el hecho de haberse quedado sin trabajo o que por causa de la crisis económica su situación se haya convertido en insoportable".

Defiende de este modo la "desobediencia civil pacífica y legítima con la finalidad de cambiar una legislación obsoleta e injusta que pone en un plano de absoluta desigualdad al ciudadano frente a cláusulas abusivas impuestas por los bancos, a los que el Gobierno les perdona sus deudas o mejor dicho se las pagamos entre todos los ciudadanos, los mismos a los que han estafado".