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Consejo de Ministros

El Gobierno quiere auditar toda la Administración

La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que esta reforma es ineludible y no se puede retrasar porque no pueden seguir aumentando las estructuras administrativas.

Soraya Saénz de Santamaría
El Gobierno quiere auditar de "abajo a arriba" toda la Administración
EFE

El Gobierno ha aprobado abordar la reforma "integral" de la Administración, en todos sus ámbitos, para mejorar su eficacia, evitar duplicidades y disminuir la burocracia, para lo que se auditará "de arriba a abajo" toda la administración.

Al término del Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado cuenta de esta reforma "clave" en el programa de cambios que quiere llevar a cabo el Ejecutivo para salir de la crisis, crear empleo y mejorar las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos.

Con esta reforma, el Gobierno da los primeros pasos para llevar a cabo uno de los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes, en la que las comunidades autónomas y el Ejecutivo central pactaron eliminar duplicidades y abordar la reforma de las administraciones públicas.

Para ello, se constituirá en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas un grupo de trabajo integrado por el Estado y las comunidades para concretar las medidas a tomar.

Por el momento, el Gobierno ha acordado crear una comisión para estudiar esa reforma que la vicepresidenta considera "ineludible" y que no se puede retrasar para que no sigan aumentando las estructuras administrativas.

Se constituirán, además, cuatro grupos de trabajo que deberán tener los correspondientes informes antes del próximo 30 de junio.

La comisión tiene por objeto un programa de reforma integral de las administraciones públicas que "no se ha producido" en "30 años de funcionamiento del Estado", probablemente porque "era de las cosas que antes vendía poco", según ha afirmado la vicepresidenta.

Sáenz de Santamaría ha defendido la reforma del conjunto de las administraciones porque el sistema actual no es "sostenible" y, ha dicho, tiene que "servir para tiempos de crisis".

La comisión, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en la que estarán representados todos los ministerios, estará presidida por el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales.

La vicepresidenta será la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, y el secretario, el director general de coordinación Estado-CCAA, Jaime Parrondo.

La comisión estará formada por cuatro grupos de trabajo que identificarán las duplicidades, la simplificación administrativa, la gestión de servicios y medios comunes y la administración institucional.

Saénz de Santamaría ha confiado en que si la comisión hace bien su trabajo, mejorarán los servicios a la sociedad y los ciudadanos no se verán obligados a pagar por una administración que hace las cosas dos veces.

"Se trata de organizarnos mejor para ser mejores, de gestionarnos mejor para dar mejores servicios", ha dicho.

La vicepresidenta ha advertido de que la comisión puede servir para detallar a las comunidades autónomas de dónde pueden ahorrar y cumplir mejor con el objetivo de déficit.

Ha apuntado que la comisión servirá también para aportar elementos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que pueda detallar a las autonomías dónde puedan generar más ahorros para cumplir su déficit y poder devolver las cantidades correspondientes a los intereses y el principal, así como al pago de proveedores.

Tras la tarea de análisis, la vicepresidenta cree que algunas administraciones se "retratarán", y ha puesto como ejemplo que el informe abordará cómo ser más eficientes, por ejemplo, a la hora de gestionar la representación en el exterior, ya que, en su opinión, "unas embajadas bien dotadas nos pueden representar bien a todos".

Sobre si el Gobierno ha previsto que las comunidades autónomas se opongan a ese adelgazamiento de la Administración, ha recordado que el Gobierno tiene el "aval" y el "mandato" de la Conferencia de Presidentes para poner en marcha la reforma, y que si alguien después del trabajo realizado se opone a ello, "deberá explicarlo" y aportar "datos económicos".

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