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Apertura del año judicial

La delincuencia se estabiliza, pero suben los robos y la ocupación de inmuebles

La memoria de la Fiscalía alude a que el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y las crecientes dificultades son el "caldo de cultivo idóneo" para la comisión de un "nutrido" número de delitos económicos.

Efe. Madrid Actualizada 18/09/2012 a las 22:37
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El Rey preside la apertura oficial del año judicialEFE

Los procedimientos por delitos abiertos en 2011 tuvieron "una discretísima elevación porcentual del 0,007%" con respecto al año anterior, lo que supone una "estabilización de la litigiosidad penal" a pesar del aumento de los robos a personas y en viviendas, y de que se duplicara la ocupación de inmuebles. 

Así lo refleja la Memoria de 2011 de la Fiscalía General del Estado, que subraya el "preocupante" crecimiento de las causas abiertas por delitos de robo con violencia e intimidación, que suben un 14,47%, y de extorsión, que aumentan el 31,33%.

También han subido los robos con fuerza en casa habitada, que sufren un incremento del 19,04%, mientras que el delito de hurto subió algo menos, un 3,62%.

Una de las cifras más significativas es el incremento en un 50% de los casos de ocupación no autorizada de edificios y pisos vacíos que no constituyan morada.

Asimismo, destaca el aumento de la litigiosidad de los tipos penales asociados a la situación de crisis económica que vivimos, como el de alzamiento de bienes, que experimenta una subida del 27,99%; la defraudación de fluido eléctrico y análogas, que sube un 36,66%, y los concursos de acreedores y suspensiones de pagos fraudulentas, que suben un 5,13%.

La memoria de la Fiscalía alude a que el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y las crecientes dificultades son el "caldo de cultivo idóneo" para la comisión de un "nutrido" número de delitos económicos.

El recrudecimiento de la crisis económica también provocó en 2011 un incremento de los delitos económicos, sobre todo por fraude en el IVA.

Descienden, sin embargo, la figura defraudatoria clásica de la estafa en un 0,74% y de modo todavía más pronunciado la apropiación indebida, un 17,46%.

En números absolutos, los procedimientos incoados por delito alcanzaron el pasado año los 4.477.380, 3.338 menos que en 2010, cifras que para la Fiscalía reflejan que "el actual diseño procesal ha agotado sus posibilidades de agilización y simplificación de formas".

Cree que esta situación hace necesaria aplicar una serie de cambios, aunque recuerda que estos ya están siendo objeto de estudio por parte de la comisión institucional para la elaboración de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía aboga por nuevas formas de agilización de la justicia penal en el ámbito de los delitos menos graves que conlleven "la supresión o radical simplificación de la fase de instrucción" para evitar el colapso de los tribunales, tratando además que en este tipo de delitos los enjuiciamientos inmediatos se conviertan "en la regla y no en la excepción".

Por otra parte, en la Memoria se ha resaltado el impacto criminológico de la violencia de género en 2011, año en el que murieron 65 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, aunque supuso un descenso respecto a 2010 -74 mujeres- pero un incremento en cuanto a 2009 -59 mujeres-.

Los fiscales especialistas en extranjería han abierto un total de 64 causas por delito de trata de seres humanos, destacando aquellos con fines de explotación sexual, que suponen el 92,18% del total.

En 2011 los delitos dolosos contra la vida achacados a menores de edad ascendieron a 27, seis de ellos por asesinatos consumados; también se abrieron 33 expedientes a menores por delitos de agresión sexual de máxima gravedad y 473 por violencia de género, aunque la Fiscalía dice que este tipo de delito no es alarmante en su repercusión cuantitativa dentro de la delincuencia juvenil.

Respecto a las condenas por incendios forestales, en 2001 no se llegó al centenar, ya que de los 2.306 procesos abiertos se emitieron 93 condenas y 30 sentencias absolutorias; en 2010 hubo menos procedimientos judiciales -1.780-, pero las sentencias condenatorias ascendieron a 96 y las absolutorias a 34.




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