El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley con medidas fiscales para poner fin en 2013 a la generación del déficit de tarifa eléctrica, texto que contempla la creación de siete tasas o impuestos, y que prevé recaudar unos 2.700 millones de euros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el objetivo es lograr un sistema eléctrico "solvente y sostenible" y acabar con el "agujero" de 24.000 millones de euros dejado por anteriores ejecutivos que, además, si no se hiciera nada crecería unos 5.000 millones al año en los próximos ejercicios.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que el propósito del Ejecutivo ha sido el de no trasladar al consumidor todo el peso de esta deuda, ya que de hacerlo habría que subir el recibo de la luz una media del 43%.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha detallado que el impuesto que más recaudación generará será el que gravará con un 6% cada megavatio de energía que se venda, independiente de cómo haya sido producido.

Este nuevo gravamen tendrá un impacto de 571,7 millones en las compañías que operan en el régimen ordinario (nuclear, hidráulica, ciclos combinados, carbón, etc...) y de 688 millones para las del régimen especial (renovables y cogeneración).

También se impondrá el conocido como "céntimo verde" al gas natural, medida con la que se estima recaudar unos 804 millones de euros a razón de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas; así como sobre la producción de energía eléctrica con carbón, a la que se impondrá una tasa de 14,97 euros por tonelada de mineral para ingresar 268 millones.

El céntimo verde también recaerá sobre la producción con fueloil y gasóleo, tasas mediante las que se recaudarán 38 millones.

Además, habrá dos impuestos nucleares, uno sobre la generación de residuos radiactivos, de 2.190 euros por kilo de metal pesado producido y con el que se prevé ingresar 269,6 millones durante los próximos tres años, y otro sobre el almacenamiento de residuos que agrupará a los ya existentes en determinadas autonomías y, por tanto, no supondrá ningún ingreso adicional.

También se impondrá una tasa a las centrales hidráulicas que gravará el uso de aguas continentales para la generación de energía eléctrica, con el que se recaudarán unos 304,2 millones.

"El objetivo es lograr ingresos adicionales para hacer desaparecer el déficit y lograr la sostenibilidad del sistema, tanto medioambiental como económica y financiera", ha insistido Soria.

Lucha contra el déficit

El ministro ha apuntado que a estas medidas fiscales se sumarán otras, como por ejemplo rebajar el umbral de acceso a la tarifa regulada, al que actualmente sólo pueden acogerse los usuarios con potencias contratadas de 10 kilovatios o menos, una cifra que podría reducirse a la mitad o incluso por debajo.

Otra novedad es que el Tesoros asumirá la amortización de los intereses correspondientes a la titulización del déficit de tarifa acumulado hasta 2011, y que ahora representan un "coste adicional" de unos 2.100 ó 2.200 millones al año.

El objetivo es que las variaciones del recibo de la luz "no tengan nada que ver con un acto discrecional" del Gobierno y que si la electricidad sube sea sólo debido al encarecimiento de la energía y no para cubrir el déficit de tarifa, ha explicado el ministro.

El anteproyecto introduce también que las energías renovables que usan para parte de su producción combustibles fósiles, como por ejemplo la termosolar, no puedan cobrar primas por esa energía.

No obstante, la biomasa estaría excluida de esta medida, ya que la madera que utiliza proviene de la limpieza de los bosques para prevenir incendios.

También se usarán para acabar con el déficit, los ingresos que provengan de las subastas de los derechos de emisión de CO2, que se calculan en 450 millones de euros para 2013.

El déficit de tarifa se genera porque los ingresos que se obtienen vía recibo de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que se pretenden retribuir con ellos, como por ejemplo la generación, transporte y distribución de energía, las primas a las renovables, las ayudas al carbón o la moratoria nuclear.