Más de 153.000 inmigrantes sin papeles se quedan sin tarjeta sanitaria

Más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España se han quedado este sábado sin tarjeta sanitaria, que hasta ahora les servía para tener acceso al sistema de Sanidad Pública español.

Así lo han confirmado fuentes del departamento de Ana Mato, que esta semana aseguraba que no se trata de una medida de "carácter económico" sino que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades como Andalucía o País Vasco (que han anunciado que "desobedecerán" la norma) y los profesionales sanitarios.

El Real Decreto, fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto y forma parte de la reforma sanitaria de Ana Mato, regula la condición de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.

Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condición de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España; pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros. De este modo, quedan fuera de la condición de asegurado los inmigrantes que están en situación irregular o 'sin papeles', unos 153.000 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hasta ahora sólo necesitaban estar empadronados en algún municipio español para poder ser titulares de una tarjeta sanitaria.

A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, una cobertura de la que el departamento de Mato presume al ser "más amplia que la de la mayoría de los países europeos.

Algunas comunidades como País Vasco o Andalucía ya han avisado que van a aplicar "exactamente el mismo protocolo" de asistencia que seguían hasta ahora con los inmigrantes irregulares. Otras como Cataluña también lo harán, pero crearán una tarjeta 'alternativa' para este colectivo.

Entre las comunidades insumisas se encuentran algunas comunidades gobernadas por el PP también han suavizado el impacto de la norma impulsada por Mato, caso de Galicia, que ha puesto en marcha un programa de protección social para mantener la asistencia sanitaria.

En cambio, otras como Castilla y León intentarán cobrar la factura de la asistencia a los países de origen antes de "en último término" facturar el coste a los propios 'sin papeles'; algo que hará sin dilaciones o al menos "intentará" La Rioja, bien después de la consulta o a través de un seguro.

No obstante, el Ministerio garantiza que "en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención.

Los pacientes podrán declararse sin recursos "y no estarán obligados a pagarla", han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.

Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".

Por otro lado, el departamento de Ana Mato también da la posibilidad a las comunidades de formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria para que las personas no aseguradas ni beneficiarias puedan acceder a la sanidad pública, que tendrán un coste de 710,4 euros al año (59,2 euros mensuales) o de 1.864,8 euros (155,4 euros mensuales) si el interesado tiene más de 65 años.

Oposición en bloque de los profesionales sanitarios

La medida ha sido rechazada por la mayoría de los profesionales sanitarios ya que, como ha asegurado el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar, "a medio y largo plazo", problemas económicos e infecciosos.

Además, este experto ha reconocido que se trata de una medida que va en contra de su "deber deontológico" de atender "a cualquier ciudadano", algo que también ha defendido la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC).

En cambio, el Consejo General de Enfermería ha advertido a los enfermeros sobre la "inviabilidad jurídica" recordando que puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisión" con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva.

Por su parte, el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, ha señalado que solo "una mínima parte" de las atenciones que reciban los inmigrantes que están en situación irregular en España no se podrán facturar.

A partir de ahora, todos los inmigrantes 'sin papeles' que necesiten de atención médica urgente serán atendidos, si bien la diferencia será el establecimiento de protocolos de las comunidades autónomas para pasar a cobrar ese servicio.

"Sucede como cuando uno va a un hospital, no presenta tarjeta y luego llega a casa una factura. La factura llega, pero tu vuelves y dices 'tengo tarjeta' y no te lo cobran. Habrá facturación que se podrá cobrar pero serán los servicios de salud los que tengan que ver cuál es la fórmula más adecuada para que esa factura se pague", ha señalado.

"Aquellos que puedan pagarlo lo pagarán y si la factura no se puede pagar, pasará como cuando no puedes pagar otras facturas, pero al paciente no se le puede dejar morir", ha explicado.

Rivero ha descartado que esta medida sea discriminatoria, resaltando que responde no sólo a la atención a inmigrantes subsaharianos, sino a inmigrantes europeos ilegales que se prejubilan y vienen a España "actuando como personas que tienen derecho a atención sanitaria cuando no es así". "La norma es para todos", ha afirmado.

En cualquier caso, ha explicado que ningún paciente será desatendido, ya que esta iniciativa únicamente "pretende acabar con los abusos".

El presidente de la Asociación Médica Mundial, José Luis Gomes do Amaral, ha asegurado que espera que la medida no sea "discriminatoria".

Tras la asamblea extraordinaria de la Organización Médica Colegial (OMC) celebrada en Madrid, Gomes ha calificado como "correcta" esta iniciativa, siempre que se atienda primero al paciente y las gestiones administrativas sean "secundarias".

"Los médicos deben atender a todos los pacientes que lo necesiten y no sería aceptable que haya una discriminación entre personas legales o ilegales. Esto no es una preocupación de los médicos, sino atender correctamente la salud de los pacientes", ha señalado.