Caso de los ERE irregulares

Zarrías dice que desconocía el procedimiento y no tenía relación con Guerrero

El exconsejero andaluz de la Presidencia ha defendido a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán y asegura que las decisiones sobre las ayudas eran de Empleo.

Zarrías ha comparecido este miércoles ante la comisión parlamentaria que investiga los ERE.
Zarrías dice que desconocía el procedimiento y no tenía relación con Guerrero
EFE/JUAN FERRERAS

El consejero andaluz de la Presidencia entre 2001 y 2009, Gaspar Zarrías, ha afirmado este miércoles que desconocía el procedimiento para aprobar cada año el fondo para empresas en crisis y que no tenía relación con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE.


En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares y las ayudas a empresas, Zarrías, el hombre de confianza de expresidente de la Junta Manuel Chaves, ha basado su exposición y respuestas en negar que conocía los aspectos, ex altos cargos o imputados más polémicos que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.


Según su relato, desconoce el convenio marco firmado en 2001 entre el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Antonio Fernández, que cambió los criterios para conceder ayudas y que "nunca" conoció el procedimiento utilizado.


"Ni los 'consejillos' (reunión de viceconsejeros) ni el Consejo de Gobierno aprobaron el convenio marco", ha apostillado.


Por lo tanto, las irregularidades y presuntos fraudes detectados en los ERE son un "comportamiento individual deleznable, no del sistema", ha esgrimido Zarrías, que ha defendido a Manuel Chaves y al actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán: "Conociendo la integridad de Chaves y Griñán, se trata del comportamiento de alguien que utiliza un programa legal de forma presuntamente ilícita".


Las competencias sobre las ayudas eran de la Consejería de Empleo, ha recordado Zarrías, que no ha ocultado que conversó sobre las empresas en crisis con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y que mantuvo contactos con los trabajadores de empresas en crisis de Jaén, pero ha insistido en que las decisiones "eran de Empleo".


Sobre Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y principal imputado, Zarrías ha declarado que en algún acto ha tenido que coincidir con él, "pero mi relación personal es inexistente".


A propósito de los "incumplimientos y deficiencias" detectadas en el procedimiento por la Intervención General de la Junta, ha dicho que "nunca" le hicieron llegar estos extremos y que tampoco comentó con Manuel Chaves ni con José Antonio Griñán la "problemática" detectada en la partida 31L.


Alba Doblas, de IU, y Carlos Rojas, del PP, han tildado de "increíble e inverosímil" que no supiera "nada" de la década de ayudas, cuando se le conocía como el "todopoderoso Zarrías".


Por su parte, Carmen Martínez Aguayo, actual consejera de Hacienda y viceconsejera de Economía y Hacienda de 2004 a 2009, ha defendido la aprobación del fondo para empresas en crisis pese a las deficiencias detectadas por la Intervención General.


"El presupuesto ha sido una partida transparente. Los efectos han sido por la acción de un centro directivo (por Empleo)", ha dicho.


Sobre los informes de la Intervención, ha zanjado el asunto indicando: "El órgano de los informes de la Intervención era Empleo. No tenemos capacidad de actuación porque legalmente no la tenemos conferida".


IU ha recriminado a Martínez Aguayo que no actuara y que Hacienda "aumentara" el crédito del polémico fondo desde los cinco millones antes de 2001 hasta los 109 millones en 2005.


Rafael Carmona (PP) ha ironizado que Aguayo "o sufre amnesia o falta a la verdad" porque como miembro del consejo rector del IFA -organismo pagador- tenía competencias en aprobar las ayudas.


También ha comparecido esta tarde el exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, actual presidente del PP-A, que ha aseverado que "no hubo intrusos" en los cinco ERE de la Junta en empresas de la Faja Pirítica de Huelva en los que el Gobierno central aportó ayudas extraordinarias.


Antonia Moro, del PSOE, ha censurado a Zoido que el Gobierno no haya remitido toda la documentación solicitada sobre estos expedientes, ha cuestionado su colaboración con la comisión y ha preguntado a Zoido si no le da "vergüenza" que el Gobierno "ningunee" al Parlamento.


La comisión de investigación se reúne mañana para aplazar la declaración del viernes de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, propuesta del PSOE que apoya IU y rechaza el PP.