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Nacional

Por el asalto a un supermercado de Écija

Libertad con cargos para dos sindicalistas del SAT

El juzgado de guardia les ha impuesto la prohibición de acercarse a 300 metros de la superficie comercial y la obligación de comparecer en sede judicial cada vez que sean requeridos.

Los jornaleros andaluces ocuparon este miércoles la finca del Ministerio de Defensa como protesta
Los jornaleros andaluces ocuparon este miércoles la finca del Ministerio de Defensa como protesta
JUAN FERRERAS/EFE

Los dos miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) detenidos por participar en el asalto a un supermercado de Écija (Sevilla) han sido este jueves puestos en libertad imputados por un delito de robo y otro de coacciones por el apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta al público.

El diputado regional y alcalde Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, aforado, espera citación judicial para declarar. La puesta en libertad con cargos de los dos sindicalistas, imputados de robo y coacciones, la ha decidido el juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, que se ha inhibido a favor del 2 de Écija, que es el encargado de la instrucción.

Estos dos sindicalistas, detenidos en Hornachuelos (Córdoba) y Cuevas de San Marcos (Málaga), se han negado a declarar en comisaría, han informado fuentes de la investigación. Policía y Guardia Civil tienen orden de detener a los asaltantes del supermercado de Écija y de otro en Arcos de la Frontera (Cádiz), que no ha denunciado los hechos, en los que está implicado Sánchez Gordillo, que no será detenido por su condición de aforado, al ser diputado autonómico de IU, y que ha asegurado no haber recibido citación alguna.

Sánchez Gordillo, que se encontraba entre los jornaleros que desde hace 17 días ocupan la finca militar "Las Turquillas" de Osuna (Sevilla), ha dicho: "No tengo problema en dar la cara porque solo hemos hecho un gesto simbólico de no violencia activa", y ha añadido que "la crisis tiene rostro, nombre, apellido y carné de identidad y hay ya muchas familias que no pueden comer".

También ha pedido "una ley de renta básica para las familias que tengan a todos sus miembros en paro" y se ha defendido diciendo que "lo que no son formas es que para pagar la deuda de los bancos se le roben a los trabajadores sus derechos, aunque eso se llame recortes".

De la ocupación de la finca militar ha dicho que si son desalojados volverán porque no es un acto simbólico sino que los jornaleros pretenden quedarse, mientras que el secretario de organización del SAT, Manuel Rodríguez, ha afirmado que "una cosa es la legalidad y otra la justicia" y no ha descartado nuevos asaltos.

"Un millón y medio de andaluces no pueden llegar a fin de mes, muchos sin prestaciones sociales, mientras que otros están enfermos de colesterol porque tienen demasiada comida", ha señalado Rodríguez, diputado provincial en Sevilla.

El dirigente del SAT ha calificado los asaltos a los dos supermercados de "símbolo y señalamiento" porque, ha dicho, "la gente tiene que rebelarse y hacer algo por ellos mismos" y "si los vecinos de los barrios se organizan y van a los supermercados, no hacen más que justicia" y "no sería ningún disparate".

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), ha destacado de las dos detenciones que "la dureza de la ley es discriminatoria" porque "a veces cae con mucha dureza sobre determinados colectivos que son débiles", mientras que el PP lo ha acusado como posible "cabeza pensante" de estas acciones.

Al igual que Valderas, el alcalde de Espera (Cádiz), Pedro Romero (IU), que participó en el asalto de Arcos, cree "desproporcionadas" las detenciones por una acción "simbólica" y "pacífica", y ha avisado a la Guardia Civil de que estará en el Ayuntamiento por si llega una orden de detención contra él, lo que no le preocupa.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha pedido a IU "responsabilidad" para no perjudicar la imagen de España en el exterior, mientras que el diputado de IU Gaspar Llamazares ha pedido al Gobierno un plan contra la pobreza porque hay 1,7 millones de familias españolas que carecen de recursos, y un acuerdo con las grandes superficies para el reparto de excedentes alimentarios.

Representantes del SAT en Granada tienen previsto presentar en la Subdelegación del Gobierno escritos para "autoinculparse" como cómplices e inductores de los asaltos a supermercados.

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