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Justicia

El 60% de las tasas judiciales se devolverán en caso de acuerdo entre partes

La vicepresidenta ha destacado que como "aspecto muy novedoso" al anteproyecto aprobado el pasado mes de marzo, el texto contempla la devolución del 60% de las tasas si a lo largo del proceso se alcanza un acuerdo extrajudicial.

Agencias. Madrid Actualizada 27/07/2012 a las 16:58
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el proyecto de reforma de las tasas judiciales aprobado por el Consejo de Ministros contempla la devolución del 60 por ciento de las mismas en los casos en los que se alcance un acuerdo extrajudicial.

Así lo ha asegurado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que ha acordado remitir a las Cortes el proyecto de ley sobre la reforma de las tasas judiciales, que contempla una subida generalizada de las mismas de entre 50 y 750 euros.

La vicepresidenta ha destacado que como "aspecto muy novedoso" al anteproyecto aprobado el pasado mes de marzo, el texto contempla la devolución del 60% de las tasas si a lo largo del proceso se alcanza un acuerdo extrajudicial.
"Se busca por tanto fomentar el acuerdo de las partes y la negociación para evitar que termine un pleito dictando sentencia y lograr que haya convenio entre las partes para solventar el problema que ha motivado el proceso", ha subrayado.


Con esta medida, incluida en el paquete de reformas anunciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para agilizar y hacer más eficaz el trabajo de los tribunales, se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos.

Sáenz de Santamaría ha resaltado que no se aplicarán a lo penal, ni en la primera instancia de lo social ni a los funcionarios en el orden contencioso-administrativo en el ámbito de cuestiones de personal.
Tampoco en pleitos de familia ni en los concursos voluntarios de acreedores, ni en la protección de derechos fundamentales, ha concluido.




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