Un extracto bancario o una simple factura de teléfono, pasando por historiales médicos o declaraciones de Hacienda. Información extrictamente confidencial y como tal, valiosa, muy valiosa, para el que quiere acceder a ella. Algo ilegal, pero no imposible.

Conseguirla era la labor de la red de tráfico de datos desarticulada el pasado mes de mayo en la Operación Pitiusa, en la que fueron detenidas 150 personas ahora ya en libertad con cargos.

El diario El País ha tenido acceso al sumario, por el que hemos conocido más referencias de cómo se lucraban. Los tentáculos estaban extendidos a partir de un núcleo de detectives privados que recibían los encargos.

Había empleados de compañías eléctricas, telefónicas o entidades bancarias que pasaban, por un módico precio y sin pudor, detalles de sus clientes. Pero también, más grave si cabe, contaban con servidores públicos entre sus informantes.

Tenían comprados a policías, guardias civiles, así como a trabajadores del Inem, la Seguridad Social, Sanidad, Tráfico, Registro de la Propiedad, juzgados... Hasta nexos con espías del Centro Nacional de Inteligencia.

Por datos de un vehículo, por ejemplo, pagaban a su confidente en torno 100 euros. Por datos fiscales, hasta 2000. Por supuesto, con suculentos beneficios para todos los intermediarios.

No se ha podido calcular la cantidad de personas que fueron investigadas, aunque sí la identidad de algunas de ellas. El marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, o la hermana de la princesa Letizia, Telma Ortiz.