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Nacional

Caso de los ERE

Libertad bajo fianza para exconsejero de Empleo andaluz

La Audiencia de Sevilla ha impuesto a Antonio Fernández el pago de ese dinero en metálico y le ha prohibido salir de España.

La Audiencia de Sevilla ha decretado la libertad bajo fianza de 450.000 euros de Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo encarcelado por los ERE fraudulentos, ya que no tiene riesgo de fuga ni de ocultar pruebas aunque pudo intervenir en una "perversa" utilización de las ayudas públicas.

La Sección Séptima de la Audiencia impone a Fernández el pago de ese dinero en metálico, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer en el Juzgado todos los martes.

Cuando salga en libertad Fernández, que está encarcelado desde el 24 de mayo, solo quedarían en prisión dos de los 60 imputados por los ERE: Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo encarcelado desde marzo, y su chófer Juan Francisco Trujillo, perceptor de 1,3 millones de euros en ayudas irregulares.

Este último, sin embargo, puede quedar libre si deposita 150.000 euros de fianza, según decidió la misma sala de la Audiencia el pasado 14 de junio.

El auto de la Audiencia comienza constatando que "existen indicios racionales y contrastados de la perversa utilización delictiva de las herramientas" del convenio de 2001 que permitió empezar a conceder las ayudas que investiga la juez Mercedes Alaya, así como de la "participación del imputado en ese uso desviado".

No obstante, también señala que en el estado actual de la investigación "no disponemos de datos objetivos y elementos de juicio suficientes para pronunciarnos sobre si era ajustado a derecho el procedimiento instaurado por la Consejería de Empleo para la materialización de ayudas sociolaborales".

Pero "con independencia de la legalidad o no del procedimiento creado ad hoc por la Consejería, lo que parece en este momento incontestable son las múltiples irregularidades y anomalías que se produjeron" y que todavía son objeto de investigación, añaden los jueces.

Además, afirma que no se puede olvidar el informe de la Intervención que en 2005 "puso de relieve determinados aspectos que nunca pudieron ser pasados por alto por quien, en razón de su formación académica, y experiencia política, conocía el alcance de lo que se le estaba exponiendo y que no eran meras discrepancias en el tratamiento de partidas presupuestarias", asegura el auto.

Se trataba de deficiencias "clamorosas" y "sin perjuicio de lo que pueda deparar la instrucción, resulta en estos momentos difícil de aceptar la falta de conocimiento por parte del imputado de lo que sucedía en su Consejería", de la que fue titular entre 2004 y 2010.

El auto, a la vez, rechaza una de las imputaciones realizadas por la juez Alaya, relativa a la inclusión del propio Fernández como prejubilado en la bodega jerezana González Byass pese a que no había renovado su excedencia para ocupar cargos públicos, y sostiene, por el contrario, que su falta de adhesión al convenio para el ERE impedía calificarlo como beneficiario.

La Audiencia afirma que los trece meses transcurridos desde que Fernández conoció su imputación en la causa son "tiempo suficiente" para que hubiese intentado fugarse y más aún durante los cuatro días que duró su declaración como imputado en mayo pasado.

A la vez, los jueces constatan que la instrucción de la causa de los ERE "será larga", por lo que consideran "aconsejable" modificar su situación personal con "severas cautelas", entre ellas la fianza de 450.000 euros en metálico, para la que tienen en cuenta la "extraordinaria cuantía" de la responsabilidad civil que Alaya imputa a Fernández, que asciende a 807 millones de euros.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la familia del exconsejero realiza este jueves gestiones para reunir esa cantidad en efectivo, lo que le permitirá salir de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), a las que se ha unido un abogado jerezano que ha promovido una plataforma de apoyo a Fernández.

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