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Los jueces del TS protestan por quedarse sin coche oficial

La Sala de Gobierno del alto tribunal lo considera un "desprecio de su relevancia institucional" y podría tomar medidas.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha emitido este lunes un comunicado en relación con la retirada, el pasado jueves, de los escoltas y vehículos oficiales a sus magistrados en el que señala que "no puede aceptar" que esta medida, sobre todo en lo relativo a los coches oficiales, "se refiera única y exclusivamente a este Tribunal con desprecio de su relevancia institucional en contraste con el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia".

Hasta el pasado jueves, los magistrados de las cinco Salas del Tribunal Supremo disponían de escolta y, por motivos de seguridad, de un vehículo que les desplazaba por la mañana hasta la sede de este órgano y les devolvía después a su casa concluida la jornada.

En su nota, la Sala de Gobierno del Supremo dice tener conocimiento de la reorganización de los servicios de seguridad "que constituye una medida que afecta a todos los poderes, administraciones y organismos por igual", por lo confía en que el Gobierno "seguirá protegiendo a los magistrados que lo integran en función de las circunstancias de cada caso".

En relación a los vehículos que les han sido retirados, los magistrados entienden que "los sacrificios económicos que impone la situación por la que atraviesa el país debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado" si bien añade que "no puede aceptar que la medida adoptada se refiera única y exclusivamente a este Tribunal con desprecio de su relevancia institucional en contraste con el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia".

Por ello esperan que la medida adoptada no signifique, "tal como en principio aparece, una injustificada discriminación institucional puesto que si así fuese la Sala de Gobierno adoptaría las iniciativas oportunas", que la nota no detalla.

En todo caso, y en relación con la puesta en marcha de los cambios la semana pasada, la Sala de Gobierno considera que "las formas en que se han comunicado al Tribunal Supremo estos acuerdos no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el orden institucional".

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