El robo de cobre, en el "punto de mira" de Interior

Pueblos a oscuras o sin teléfono, semáforos inservibles, regadíos resecos... Son algunas de las consecuencias del robo de cobre, un lucrativo negocio que solo el año pasado movió seis millones de euros en el mercado negro y que el Ministerio del Interior ha puesto ahora en su "punto de mira".

El plan del Gobierno, esbozado la semana pasada por el ministro Jorge Fernández Díaz, pasa por introducir en el Código Penal una nueva tipificación del hurto de cobre que endurezca las condenas para los ladrones y también para quienes comercian después con el material robado.

Fuentes de Interior creen imprescindible que las penas por este delito tengan en cuenta no solo el valor del cobre sustraído, sino también el daño causado en negocios y empresas que, en muchos casos, se ven obligadas a detener su actividad durante días o semanas.

El motor de un pozo en una explotación agrícola quizá pueda ser sustituido por no demasiado dinero, aunque con el peligro de perder la cosecha por falta de riego si no se actúa a tiempo.

Algo parecido ocurre con el cable eléctrico que se roba en el alumbrado público de pueblos y ciudades.

Son centenares de kilómetros de cobre que en el mercado negro se pagan a poco más de 5 euros el kilo, pero que cuesta millones de euros reponer.

Ya en 2010, Telefónica reconoció un aumento de los costes cercano al 400% en algunas regiones, como Cataluña, debido a la desaparición de decenas de kilómetros de cable telefónico.

Situación que sufren también compañías eléctricas como Endesa, que habla de pérdidas millonarias para mejorar la seguridad de subestaciones y transformadores, unas de las presas más codiciadas.

La segunda estrategia de las Fuerzas de Seguridad para lograr erradicar esta lacra que afecta también al resto de países industrializados es reforzar la vigilancia de las chatarrerías y fundiciones.

Es conocido que en algunas de estas instalaciones se hace la "vista gorda" y se procesa el metal robado, que después se exporta a países como China, fábrica global de productos electrónicos que consume ingentes cantidades de cobre.

De forma periódica, la Policía y la Guardia Civil revisan los libros de registro de entrada y salida para comprobar el origen del metal que se compra y se vende.

El dispositivo contempla además acuerdos de colaboración con las principales empresas afectadas -compañías eléctricas, de telecomunicaciones y ADIF-, para establecer medidas preventivas que eviten los asaltos.

Según datos del Ministerio del Interior, el valor del cobre sustraído en 2011 alcanzó los 5,8 millones de euros, casi dos millones más que en 2010, y más del triple que en 2009, cuando el robo de este metal apenas llegaba a los 1,3 millones de euros.

El 2011 hubo 16.228 robos de cobre, y más de 13.700 en 2010, año en el que se produjo un espectacular repunte de este delito.

Unas cifras que coinciden con el número de detenidos por la Policía y la Guardia Civil: 5.036 personas arrestadas en 2011 y 3.544 en 2010, frente a las 1.300 de un año antes.

Los informes que maneja el Ministerio del Interior reflejan que existe un claro paralelismo entre la evolución del precio del cobre en los mercados mundiales y el número de robos denunciados.

A finales de 2011, el valor del metal experimentó una ligera caída que fue seguida por un descenso de los hurtos, fenómeno que se ha repetido aunque a la inversa en los primeros meses de 2012.

De enero a marzo de este año, Interior ya contabiliza 3.622 hurtos denunciados ante las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque por un valor escaso, poco más de medio millón de euros, y 917 detenidos.

La inmensa mayoría de los robos de cobre se producen en zonas rurales o poco transitadas, en las que los "cacos" pueden tomarse su tiempo para extraer la maquinaria, cortar el cable y transportarlo a un lugar seguro sin levantar sospechas.

De ahí que dos de cada tres hurtos denunciados en 2011 fueran investigados por la Guardia Civil, que también arrestó a más de la mitad de los ladrones de cobre, unas 3.800 personas, el 65% españoles.

En la demarcación del instituto armado se robaron el año pasado 4.265 kilómetros de cable eléctrico, una longitud equivalente a la que hay entre Madrid y Bagdad, la capital iraquí.

La Guardia Civil consiguió resolver un 20% de los hurtos y recuperar una cantidad similar del metal sustraído.

Por su parte, la Policía Nacional detuvo el año pasado a 1.200 personas por estos robos y logró recuperar 302 toneladas de cobre y 36 kilómetros de cable.