El Consejo catalán de Garantías estatutarias ve inconstitucional el decreto sanitario de Rajoy

El Consejo de Garantías Estatuarias ha apreciado aspectos de inconstitucionalidad en el real decreto ley sobre sanidad aprobado en abril por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el escrito de conclusiones, el Consejo aprecia que el decreto es contrario a los artículos 14, 43 y 86.1 de la Constitución (CE), además de invadir las competencias de la Generalitat de Cataluña recogidas en los artículos 115, 136 y 162 del Estatut.

La decisión se ha adoptado por unanimidad, si bien existe el voto particular de un magistrado que entiende que la restricción al derecho a la salud de los inmigrantes vulneraría también el artículo 13 de la CE.

En concreto, el dictamen aprecia diez aspectos que podrían no ser legales, entre ellos que el decreto no cumplía la "extraordinaria y urgente necesidad" que defendía.

El organismo aprecia errores en diversos artículos del decreto, además de la disposición adicional sexta, precisamente los que más polémica habían originado y que modifican el concepto de asegurado por el sistema sanitario, la prescripción de medicamentos, la dispensación de fármacos en los hospitales, el cambio en las profesiones sanitarias y en los estatutos del personal, entre otros.

Además, ve vulneradas las competencias de la Generalitat en el reconocimiento y control de los asegurados por el sistema, en la obligación de dispensar medicamentos genéricos, en los cambios sobre el copago farmacéutico y en lo referente a la donación de células y tejidos humanos.

En referencia a la Constitución, entiende que se podría vulnerar la idea de que todos los españoles son iguales ante la ley sin ninguna discriminación, el propio derecho a la protección de la salud, y la utilización del concepto de urgencia para justificar su publicación.

Dictamen del consejo

PSC, ICV-EUiA y ERC registraron hace un mes en el Parlamento catalán la petición de dictamen del Consejo, algo que explicaron entonces por la supuesta exclusión del sistema de inmigrantes y de los mayores de 26 años que no hayan trabajado con contrato laboral.

El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ya había avisado también que apreciaba posibles contradicciones con la Constitución y "medidas lesivas" para las competencias catalanas, por lo que anunció que si el Consejo avalaba dichas vulneraciones la Generalitat recurriría ante los tribunales las medidas del Estado.