La privatización de las autonómicas supera el primer trámite parlamentario

El proyecto de ley del Gobierno para flexibilizar la gestión de las televisiones autonómicas, que abre la puerta a la privatización, ha pasado su primer trámite parlamentario con el rechazo de las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición PSOE, Izquierda Plural, UPyD, BNG y ERC.

El PP ha expresado ya su rechazo a esas enmiendas y ha manifestado su disposición a negociar cambios en ese proyecto legislativo durante su tramitación parlamentaria.

A favor de rechazar las enmiendas ha habido 182 votos, 129 en contra y dieciséis abstenciones.

El proyecto ha sido defendido ante el pleno de la Cámara por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien ha insistido en que se trata de ampliar la libertad y la capacidad de elección de cada comunidad respecto al modelo de televisión que desea.

"No se obliga a nadie a privatizar" un canal, ha señalado el titular de Industria; "¿alguien se opone a un mayor grado de libertad en cada comunidad para que elijan libremente su modelo", ha preguntado en la Cámara.

Los portavoces de los grupos de la oposición han criticado el cambio de modelo y han acusado al Gobierno de pretender con esos cambios favorecer a "sus amigos" y de poner en peligro el servicio público que prestan estos canales.

Entre ellos, el socialista Juan Luis Gordo, quien ha opinado que el PP "quiere otorgar las televisiones autonómicas a grupos mediáticos afines a este formación política" porque los 'populares' "no descuidan a sus amigos".

"Nosotros no nos podemos fiar de ustedes en un tema tan importante como éste, y con este proyecto extienden la televisión de partido al resto de las televisiones autonómicas. Controlan los informativos y dan cobijo a grupos mediáticos que como aves carroñeras están al acecho, antiguos parientes, exsecretarios de Estado, para hacerse con las televisiones autonómicas", ha acusado Gordo.

Soria ha señalado que el proyecto es una herramienta muy importante para que las comunidades tengan medios a su alcance para una gestión "más eficaz y eficiente" y ha recordado que va en la línea de lo solicitado por muchas CCAA.

"No se obliga a nada, es una elección de cada unas de ellas (CCAA)", ha remarcado el ministro.

A su vez, ha recordado que la difícil situación económica que afecta a las CCAA hace que se tramite el proyecto con la "máxima celeridad" y ha subrayado que respeta los estatutos existentes y las competencias.

"Las comunidades autónomas decidirán libremente y legítimamente", ha insistido Soria, quien además ha rechazado las acusaciones de la oposición de que atente contra la ley de estabilidad presupuestaria, que vaya en contra de ninguna lengua autonómica, que "consagre el caos" y que pretenda la privatización o recentralizar esos canales.

Soria, que ha defendido el servicio publico que han de tener las televisiones, ha opinado que "además han de ser viables".

Por su parte, Gordo ha subrayado que la medida abre paso "a la privatización y favorece su desaparición" a la vez que abre la posibilidad "del control absoluto del PP de los canales ahora públicos, sin reducir costes ni garantizar el saneamiento de sus cuentas y su estabilidad presupuestaria".

Además ha señalado que se trata de un proyecto "inoportuno e innecesario".

La diputada de Izquierda Plural Laia Ortiz ha afirmado que es un "asalto al sistema público audiovisual", pone las televisiones a disposición de los "intereses de algunos" y es una "estrategia para desmantelar las televisiones autonómicas".

El diputado del BNG Francisco Jorquera ha apuntado que se trata de una reforma con contenidos centralistas, uniformes y privatizadores" y que entra en contradicción con la normativa autonómica en Galicia.

El diputado de ERC Joan Tardá, quien portaba un cartel colgado del bolsillo de su chaqueta en el que se podía leer 'Jo TV 3' (Yo TV 3), ha indicado que con esta medida se aprieta un poco más "la soga que tiene a su alrededor el 'sistema comunicativo catalán'".

La popular Macarena Montesinos ha opinado que los grupos no le habían dedicado "ni tres minutos" a leerse el proyecto, que, en su opinión, no invade las competencias de las comunidades y no supone "ni erosionar ni secuestrar la democracia".

Además ha acusado a la oposición de ser "medallistas en dar tumbos en lo audiovisual".