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Caso Gürtel

El juez reclama a la Comunidad de Madrid 317 contratos con la trama Gürtel

El juez Pablo Ruz, que instruye el 'caso Gürtel', ha reclamado a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006.

Efe. Madrid Actualizada 18/05/2012 a las 15:54
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El juez Pablo Ruz, que instruye el 'caso Gürtel', ha reclamado a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si los exdiputados regionales del PP Alberto López Viejo y Alfonso Bosch recibieron pagos.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno autonómico el plazo "improrrogable" de un mes para que le remita "toda la documentación que obre en su poder sobre la adjudicación y facturación" de esos actos, que van desde la conmemoración del 25 aniversario de los Ayuntamientos democráticos el 21 de junio de 2004 a uno celebrado en una residencia de mayores en diciembre de 2006.

Los actos cuya adjudicación se investiga son de todo tipo, y van del primer aniversario de los atentados del 11-M (11/3/2005) al homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco (11/7/2005), pasando por la visita de Bill Gates (19/11/2004), la firma de un convenio con el Real Madrid (2476/2005) o uno al que el auto se refiere como "cuadro Gallardón" (28/04/06).

El magistrado acuerda estas diligencias a raíz de la documentación intervenida en la 'caja B' encontrada en una de las oficinas de la empresa Easy Concept y, sobre todo, de las facturas incluidas en un archivo informático hallado en el domicilio de su responsable e imputada en la causa, Isabel Jordán.

Ese archivo lleva el nombre 'Pagos anuales ALV.xls', siglas que coinciden con las del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

La Fiscalía, en vista de esa documentación, solicitó al juez que, como ha hecho ahora, reclamara la referida "a actos y contratos adjudicados por distintas entidades públicas por los que habrían podido recibir pagos alguno de los imputados en esta causa -Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, entre otros-".

Ruz considera "pertinentes, necesarias y útiles" las diligencias solicitadas por el fiscal para indagar "los ingresos y salidas efectuados en dicha 'caja B', especialmente en lo relativo a los pagos que se hubieran podido efectuar a altos cargos públicos, así como en los movimientos de dinero efectuados entre mercantiles vinculadas a los imputados en la causa".

Además de los 317 contratos ya citados, el juez requiere a la Comunidad de Madrid para que, en el plazo de quince días, le remita toda la documentación que posea sobre 45 facturas giradas por las sociedades de la trama Easy Concept, Good&Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico por conceptos como "Belén 2007", "Euroliga 2008" o "Acto 2 de mayo".

También pide a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) la documentación sobre la adjudicación, facturación y pago de dieciséis eventos, entre ellos la inauguración de la sede del PP en esa localidad en julio de 2006.

La empresa municipal también deberá aportar información sobre las adjudicaciones hechas en los años 2005 y 2006
a Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael, Kilda Producciones Fotográficas y Fotomecánica Doble, así como la referida a la inauguración del Auditorio Escuela de Música.

Ruz requiere asimismo a la Intervención General de la Administración del Estado que emita informes "sobre la regularidad y cumplimiento de los principios y preceptos de la contratación pública" en cinco expedientes de adjudicación de obras del Ayuntamiento de Boadilla.

Por último, el juez ordena a Banesto para que, en un plazo de cinco días, identifique a la persona que retiró de una cuenta de esta entidad un total de 290.000 en diversas cantidades entre el 5 de diciembre de 2006 y el 11 de octubre de 2007.

En relación con las diligencias acordadas hoy, el magistrado ha citado como testigos para el próximo día 31 a los empleados de Easy Concept Pedro Fuste y Alejandra Lascary y a la trabajadora de Servimadrid Integral Rocío Perea.




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