El exalcalde de Casares Juan Sánchez (IU), su esposa y un abogado con despacho en Estepona (Málaga) han sido detenidos en una operación conjunta de la Guardia Civil y Policía Nacional en la que se investigan asuntos urbanísticos, según han dicho fuentes cercanas a la investigación.

La actuación, dirigida por Juzgado número 2 de Estepona con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, ha motivado el cierre al público del Ayuntamiento de Casares para examinar documentación en papel y soporte informático.

Además, los agentes han practicado varios registros domiciliarios, entre ellos uno en la vivienda del exregidor, y en las próximas horas se prevé que se produzcan otras inspecciones que den lugar a nuevas detenciones.

Sánchez fue elegido por primera vez alcalde de Casares en las elecciones municipales de 1979, cargo que mantuvo hasta 2009, con un paréntesis de cinco años, de 1995 a 2000, cuando el municipio estuvo gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por el fallecido Jesús Gil.

El actual concejal de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda también fue presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre 2003 y 2011.

En 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos alcanzados por el Ayuntamiento de Casares, presidido entonces por Sánchez.

El Consistorio supuestamente aprobó el 14 de diciembre de 2004 la adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas públicas sin la correspondiente subasta a la promotora Majestic Construction and Development.

Según los cálculos efectuados en aquellas fechas por el PSOE, se habría producido un fraude al patrimonio público equivalente a 3,3 millones de euros, al tasarse el metro cuadrado de techo por un valor cinco veces por debajo del real para este sector del municipio.

Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en 2003 y 2004 dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable en la localidad, y denunció a Sánchez y al concejal de Urbanismo por delitos contra la ordenación del territorio.

En 2006, tras destaparse la 'operación Malaya' contra la corrupción urbanística en Marbella, Sánchez manifestó a Efe que este caso contribuía a generar "desconfianza" en la clase política, hasta el punto de que "decir que uno es concejal en la Costa equivale a que uno es un delincuente".

Desde primeras horas de la mañana, el Ayuntamiento de Casares permanece custodiado por agentes de la Guardia Civil y cerrado al público para poder inspeccionar la documentación, para lo que se ha recabado la colaboración de la alcaldesa, Antonia Morera (IU), que sucedió en 2009 a Sánchez.

Tras la petición efectuada por la Guardia Civil, la alcaldesa ha hablado con los trabajadores municipales sobre las pautas a seguir, y éstos se encuentran en una zona a la espera de ser requeridos por los agentes para ayudar en el registro.

Entre los documentos que han pedido los investigadores figuran actas de pleno y archivos informáticos.

Casares, localidad de unos 5.300 habitantes, está situada en la zona occidental de Málaga.