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Caso Palma Arena

Una asociación de fiscales dice que es habitual llegar a acuerdos

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales explica que los acuerdos entre abogados y fiscales son muy habituales para rebajar penas o evitar la prisión.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, ha dicho este martes que es una práctica "muy habitual" que abogados defensores hablen con los fiscales para intentar alcanzar acuerdos por los que se rebaje la solicitud de penas e incluso se evite a sus clientes la entrada en prisión.

Moreto se ha referido así a la posibilidad, conocida hoy, de que los abogados de Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, imputados en la pieza sobre el Instituto Nóos del caso Palma Arena, hayan pedido de manera informal a la Fiscalía Anticorrupción mantener conversaciones sobre un posible acuerdo para eludir la cárcel, según han informado fuentes del Ministerio Público.

En el Código Penal están previstas las atenuantes de reparación del daño -devolver el dinero- y la confesión de los hechos, ha apuntado la presidenta de la UPF, que ha subrayado que con Urdangarin "no puede ser distinto".

"Ni para favorecerle ni tampoco para perjudicarle", según Moreto, que considera que si el duque de Palma devuelve el dinero "ganaremos todos, el erario público recuperará un dinero que de otra forma no podría".

Para Moreto, el caso de Urdangarin y Torres es "un asunto muy complejo" que requiere de "mucho esfuerzo y trabajo" por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado de instrucción número 3 de Palma, y ha considerado que si se llegara a un acuerdo se favorecería el "desatascar" las sedes judiciales que, según ha recordado, están saturadas.

Ha puesto como ejemplo de este tipo de acuerdos el alcanzado por el ex vicepresidente de la Generalitat valenciana Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret que aceptaron la acusación de un delito de cohecho pasivo impropio en la llamada "causa de los trajes" del caso Gürtel para evitar ser juzgados y fueron condenados a sendas multas de 9.600 euros.

Con este acuerdo de conformidad, Betoret y Campos evitaron sentarse en el banquillo de los acusados, lo que no ocurrió en el caso del ex presidente valenciano, Francisco Camps, y el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, que no aceptaron la acusación y fueron juzgados, aunque un jurado popular los consideró no culpables.

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